En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la administración colombiana, el caso conocido como “Papá Pitufo” –relacionado con Diego Marín Buitrago, alias de el “Zar del contrabando”– se ha convertido en el epicentro de un escándalo de dimensiones políticas y judiciales. Según declaraciones del mandatario, se debe acelerar la extradición del presunto contrabandista para esclarecer sus nexos con la dirigencia política mafiosa y la supuesta infiltración de recursos ilícitos en la campaña presidencial de 2022.
El polémico episodio se remonta a los oscuros orígenes de la campaña electoral de 2022, cuando se reportó que fondos de procedencia dudosa habrían sido introducidos al financiamiento del proyecto político de Gustavo Petro. El “Papá Pitufo”, identificado como Diego Marín Buitrago, estaría implicado en haber intentado infiltrar dichos recursos en la contienda presidencial. Este hecho, que ha sido comparado por el presidente con el escándalo de sobornos de Odebrecht, ha desatado una serie de controversias y disputas internas.
En el centro de la controversia se encuentra el exjefe de campaña y actual figura cercana a la administración, Armando Benedetti. Fuentes internas señalan que Benedetti habría facilitado el acceso de Marín Buitrago a círculos estratégicos de la campaña, lo que habría permitido canalizar estos aportes ilegítimos. Durante un Consejo de Ministros televisado, altos funcionarios –entre ellos el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez– manifestaron su indignación, señalando que “el tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con Benedetti” y advirtiendo sobre las consecuencias de mantener en el gobierno a un político con antecedentes tan cuestionables.
La decisión del presidente Petro de insistir en la extradición de Diego Marín ha generado reacciones encontradas dentro del gabinete. Mientras algunos aliados defienden la postura de Petro como una medida para limpiar el sistema político de infiltraciones mafiosas, otros sectores del Pacto Histórico se muestran preocupados por la posible crisis interna. La controversia se ha intensificado al revelarse que la supuesta infiltración habría sido parte de un plan para introducir recursos ilícitos en la campaña, lo que pone en entredicho la integridad del proyecto de cambio que impulsó el actual gobierno.
El caso “Papá Pitufo” no solo pone en tela de juicio la ética de algunos de los aliados más cercanos a Petro, sino que también amenaza con minar la credibilidad del presidente en un contexto electoral y social cada vez más polarizado. Con llamados a la rendición de cuentas y a una mayor transparencia en el manejo de los fondos de campaña, los próximos meses serán decisivos para determinar si la administración podrá contener la crisis o si las revelaciones afectarán de forma irreversible la imagen del gobierno de izquierda.
Mientras el presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso de erradicar la corrupción y los nexos mafiosos en la política, el caso “Papá Pitufo” sigue generando interrogantes sobre el verdadero alcance de la infiltración de recursos ilícitos en la campaña de 2022. La disputa interna en Casa de Nariño –encabezada por figuras como Armando Benedetti y criticada por altos funcionarios– podría marcar un antes y un después en la estabilidad de la administración y en el futuro del proyecto político que llegó al poder con la promesa de transformación social.
