El presidente Gustavo Petro oficializó este miércoles el nombramiento del exfiscal general Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago. La hoja de vida del jurista será publicada este jueves en la página oficial de la Presidencia, y su posesión está prevista para el próximo jueves. Con esta designación, el jefe de Estado consolida un movimiento estratégico que fortalece el bloque jurídico de su gobierno y proyecta una etapa de mayor confrontación ideológica e institucional en el tramo final de su mandato.
La designación de Montealegre no es un simple cambio de gabinete. Se trata de una apuesta con alta carga política, simbólica y jurídica, que ha provocado reacciones inmediatas en todos los sectores del espectro político.
¿Quién es Eduardo Montealegre?
Eduardo Montealegre Lynett es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones y estudios avanzados en derecho penal, constitucional y justicia transicional. Su carrera lo llevó a ser magistrado de la Corte Constitucional y, posteriormente, fiscal general de la Nación entre 2012 y 2016. Desde ese cargo impulsó reformas al sistema acusatorio y se convirtió en un actor relevante en el proceso de paz con las FARC, promoviendo una visión garantista del derecho penal y defendiendo el uso de mecanismos de justicia restaurativa.
Durante su paso por la Fiscalía fue tanto elogiado como cuestionado. Su estilo técnico y su discurso jurídico progresista lo posicionaron como un jurista con voz propia en debates nacionales sensibles, como la impunidad, el poder punitivo del Estado y la participación política de excombatientes.
Montealegre y el petrismo: una alianza consolidada
En los últimos años, Montealegre ha ido estrechando lazos con el proyecto político del presidente Petro. No solo ha respaldado públicamente las propuestas del Pacto Histórico, sino que se ha convertido en una de sus voces jurídicas más visibles durante momentos críticos del gobierno.
Esta semana, Montealegre protagonizó una rueda de prensa junto al mandatario en la Casa de Nariño. Allí, defendió la posición del gobierno frente a la consulta popular frustrada por el Congreso, calificando el procedimiento como “inconstitucional” y argumentando que se violaron derechos fundamentales como el debido proceso y la participación.
Entre sus señalamientos más contundentes, Montealegre denunció que:
- La votación fue cerrada arbitrariamente por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, impidiendo que una senadora votara a favor de la consulta.
- El secretario del Senado habría alterado el sentido de un voto, sin competencia jurídica.
- No se permitió tramitar una apelación inmediata tras evidentes irregularidades.
Sus declaraciones reforzaron la tesis del gobierno de que existe un bloqueo institucional contra sus reformas. Aunque aún no era ministro, el gesto fue leído como una defensa directa al proyecto presidencial.
Un nombramiento con múltiples lecturas
El ascenso de Montealegre al Ministerio de Justicia es visto por analistas como una jugada estratégica de Petro. No solo aporta un perfil técnico de alto nivel, sino que actúa como escudo jurídico para el gobierno frente a una creciente hostilidad legislativa y judicial.
La llegada del exfiscal se da en un contexto en el que el gobierno necesita blindarse ante posibles procesos, demandas y debates constitucionales. Además, Montealegre ha sido uno de los pocos juristas que respaldó abiertamente la polémica propuesta de la senadora Isabel Cristina Zuleta sobre una eventual habilitación jurídica para la reelección de Petro después de 2026.
Aunque el mandatario ha negado buscar la reelección, el apoyo jurídico de figuras como Montealegre le da sustento técnico a ideas que antes parecían políticamente inviables.
Reacciones encontradas en el Congreso
La designación ha generado fuertes reacciones en el Congreso y en la opinión pública. Desde sectores de la oposición, se advierte que Montealegre podría convertirse en un “activista jurídico del petrismo” y que su papel al frente de la cartera de Justicia podría profundizar la confrontación institucional.
“El nombramiento de Montealegre no es técnico, es político. Viene a judicializar la política y a blindar al presidente en su campaña de polarización”, señaló un senador del Centro Democrático.
Desde el Pacto Histórico, en cambio, celebraron su llegada como un “refuerzo de lujo” para avanzar en la reforma a la justicia y defender los principios democráticos del gobierno. “Es un jurista sólido, con trayectoria y compromiso con la justicia social”, afirmó la representante Susana Boreal.
Lo que viene: reformas y debates constitucionales
Con la publicación de su hoja de vida este jueves 5 de junio, Montealegre quedará habilitado para posesionarse como nuevo ministro de Justicia. Se espera que en sus primeras intervenciones públicas ratifique su defensa de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana y trace una hoja de ruta para reactivar las reformas estructurales impulsadas por el gobierno.
Además de la reforma judicial, Montealegre deberá enfrentar un escenario complejo: críticas por su cercanía con Petro, tensiones con la Corte Constitucional y un Congreso cada vez más reacio a tramitar las iniciativas del Ejecutivo.
El país, por su parte, se prepara para un nuevo capítulo donde el derecho, la política y la legitimidad institucional volverán a entrelazarse de forma intensa.
