El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió una derrota política significativa en el Congreso de la República luego de que la Comisión Cuarta del Senado decidiera archivar el proyecto de Ley de Financiamiento. La votación, que tuvo lugar en la jornada reciente, concluyó con nueve votos en contra de la ponencia positiva y solo cuatro a favor, resultado que determinó el hundimiento inmediato de la iniciativa legislativa con la que el Ejecutivo pretendía recaudar recursos adicionales para la vigencia fiscal del próximo año.
Esta decisión legislativa deja un vacío considerable en las finanzas del Estado, específicamente en el Presupuesto General de la Nación para 2026. La reforma tributaria buscaba asegurar un recaudo cercano a los 16.3 billones de pesos, fondos que el Ministerio de Hacienda consideraba indispensables para cumplir con los programas sociales y de inversión proyectados por la actual administración. Al negarse la ponencia en una de las comisiones económicas conjuntas, el proyecto se archiva en su totalidad, obligando al Gobierno a replantear su estrategia fiscal de manera inmediata.
Desde la oposición y sectores independientes, la decisión fue celebrada como una medida de protección a la economía nacional. Senadores que votaron por el archivo argumentaron que una nueva carga impositiva castigaría el bolsillo de los colombianos, afectaría la atracción de inversión extranjera y golpearía al sector empresarial en un momento de reactivación económica sensible. Por el contrario, voceros del Pacto Histórico calificaron el hecho como un bloqueo político que desconoce las necesidades de financiación del Estado y pone en riesgo la ejecución de obras clave, sugiriendo incluso que esta falta de recursos podría impactar proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá.
Ante este escenario, la reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar, advirtiendo sobre «consecuencias imprevisibles» para el país tras la negativa del Congreso. Diversas fuentes señalan que el Ejecutivo podría estar evaluando la declaratoria de una Emergencia Económica, una figura constitucional que le permitiría expedir decretos con fuerza de ley para obtener los recursos necesarios sin pasar por el Legislativo, aunque expertos advierten que esta vía podría carecer de sustento jurídico suficiente ante la Corte Constitucional.
El hundimiento de la reforma implica, según análisis de centros de pensamiento como Fedesarrollo, que el Gobierno Nacional deberá proceder obligatoriamente con un recorte en el presupuesto de gastos para 2026 equivalente al monto desfinanciado. El director de la entidad advirtió que la administración no tiene facultades automáticas para decretar normas tributarias ordinarias por vía administrativa, por lo que el ajuste del gasto público parece ser la ruta más técnica y probable para mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir con la Regla Fiscal.
