Integrantes del partido Oxígeno Verde radicaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presunto prevaricato por omisión, dentro del proceso relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La acción judicial fue presentada la tarde de este martes por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y otros integrantes de la colectividad.
Según la denuncia, los representantes a la Cámara habrían incumplido su obligación de investigar hechos vinculados a la campaña Petro presidente y a presuntas irregularidades asociadas a la infiltración de alias ‘Calarcá’ en organismos de inteligencia civil y militar. Los denunciantes sostienen que la omisión constituye un acto ilícito que afecta directamente los mecanismos de control institucional en el país.
Betancourt, acompañada por John Frank Pinchao, Oscar Ortiz y Claudia Vásquez, aseguró que la Comisión de Acusaciones dejó de adelantar las diligencias necesarias para esclarecer episodios que califican como determinantes para la democracia. En un comunicado grabado en video, señalaron que “la democracia está en juego” y pidieron a los magistrados actuar de manera urgente frente a la supuesta inacción del órgano investigador.
El escrito radicado ante la Corte advierte que el prevaricato por omisión se configuraría debido a la falta de avances efectivos en las investigaciones que involucran al presidente Petro y a las denuncias sobre la infiltración del grupo liderado por alias ‘Calarcá’. Los firmantes aseguran que estos hechos requerían actuaciones inmediatas que, según ellos, no se realizaron.
La Comisión de Acusaciones es la entidad encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios cuando se presentan denuncias por posibles delitos. Las críticas en su contra se enfocan en la histórica lentitud de sus procesos y en la ausencia de resultados concluyentes en casos de alto impacto, lo que ha generado cuestionamientos sobre su eficacia.
Hasta el momento, los representantes señalados no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la denuncia. La Corte Suprema deberá revisar la documentación y determinar si existen méritos para abrir una investigación penal por prevaricato por omisión, una decisión que podría tener implicaciones políticas y jurídicas en medio de la tensión institucional que vive el país.
