La reciente solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los canales de televisión colombianos ha desatado una fuerte polémica en el país. La entidad pidió a los medios entregar información detallada sobre sus políticas editoriales, manuales internos y actas de consejos editoriales, con el objetivo —según el documento oficial— de verificar la imparcialidad, objetividad y veracidad de los contenidos noticiosos.
El requerimiento, revelado por el periodista Julio Sánchez Cristo, fue calificado por varios comunicadores y analistas como un posible acto de censura. La carta, firmada por la coordinadora ejecutiva de la CRC, Zoila Vargas Mesa, exige que los operadores de televisión informen cómo seleccionan sus temas, fuentes y enfoques, así como los mecanismos implementados para separar información, opinión y publicidad, en cumplimiento de la Ley 680 de 2001.
En el documento se solicita además especificar si los medios han desarrollado capacitaciones para el personal periodístico, mecanismos de autorregulación o designación de veedores internos o externos, con el fin de “fortalecer el cumplimiento de los principios informativos”. La información debe ser enviada a la CRC en un plazo máximo de 10 días hábiles.
La controversia escaló rápidamente cuando el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), afirmando que el requerimiento “no solo busca censurarlo a él, sino a toda la prensa que usa el espectro electromagnético”. Petro pidió que, de aplicarse la medida, se extienda “a todos los medios de comunicación, no solo a la televisión”.
Desde la CRC, sin embargo, se aseguró que el objetivo no es sancionar ni intervenir en la línea editorial de los medios, sino promover buenas prácticas y garantizar la transparencia informativa. La entidad recordó que la solicitud se enmarca en su función de inspección y vigilancia, conforme a la Ley 1341 de 2009 (modificada por la Ley 1978 de 2019) y a la Constitución Política.
La reacción de periodistas, gremios y organizaciones de prensa ha sido de preocupación. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que la medida podría interpretarse como una “intromisión indebida en la autonomía editorial”, mientras que directores de medios nacionales pidieron claridad sobre el alcance del requerimiento.
La polémica se produce el mismo día en que la venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025 por su lucha por la libertad y la democracia, un hecho que varios analistas consideraron simbólico frente al debate sobre la libertad de expresión en Colombia.
El episodio reabre la discusión sobre los límites entre la regulación estatal y la independencia periodística, en un contexto político marcado por tensiones entre el Gobierno Petro y los medios de comunicación.
