Una fuerte controversia se ha desatado en el escenario político y digital de Colombia tras confirmarse el bloqueo del acceso al portal de noticias sueco Expressen. El Ministerio de las TIC admitió haber restringido el sitio web bajo el argumento de cumplir una orden de Coljuegos por supuesta promoción de apuestas ilegales, una justificación que ha chocado con la naturaleza periodística del medio y ha generado versiones encontradas sobre la ejecución y motivación de la medida.
El conflicto de versiones oficiales surgió tras la respuesta del Gobierno a un derecho de petición de la representante Katherine Miranda. Mientras el MinTIC asegura que el bloqueo se implementó desde el pasado 31 de octubre debido a que la URL fue clasificada como un sitio de juegos de suerte y azar no autorizado, la realidad técnica y cronológica presenta inconsistencias. A pesar de la supuesta restricción vigente desde octubre, el portal estuvo plenamente accesible durante noviembre, periodo en el que Expressen publicó investigaciones de alto impacto sobre la vida de la primera dama, Verónica Alcocer, en Estocolmo.
La clasificación del diario europeo —uno de los más importantes de Suecia— como una web de «apuestas ilegales» ha levantado sospechas de censura en diversos sectores. La incongruencia radica en que Coljuegos tiene la potestad de solicitar bloqueos únicamente para plataformas que operan juegos de suerte sin licencia, lo que no corresponde con la actividad de un medio de comunicación. Esta discrepancia ha llevado a cuestionar si se trató de un «falso positivo» técnico o de una maniobra deliberada para restringir la difusión de contenidos críticos contra la familia presidencial.
Ante la gravedad de los hechos, que podrían constituir una violación a la libertad de prensa y al derecho a la información, se ha solicitado la intervención de los entes de control. La congresista Miranda ha pedido a la Procuraduría General de la Nación investigar el procedimiento administrativo que derivó en el bloqueo, señalando que las «excusas técnicas» no coinciden con la cronología de las denuncias periodísticas sobre los lujos y compañías de la primera dama en el exterior.
