El Consejo de Estado inadmitió este 26 de junio la demanda que pretendía la pérdida de la investidura del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al determinar que la acción judicial no cumplía con los requisitos legales formales. La solicitud había sido presentada por dos sindicatos del sector defensa, la UTC y Sinsergen, quienes argumentaban que el congresista incurrió en actos de campaña anticipada el mismo día en que sufrió un atentado en Bogotá, en el mes de junio.
Según el auto firmado por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, la demanda no cumplió con los requisitos legales necesarios, entre ellos la exigencia de que fuera instaurada por una persona natural y no por personas jurídicas, además de inconsistencias en su formulación. Con base en estos argumentos, se determinó su inadmisión y posible archivo, aunque los demandantes tienen un plazo de tres días para subsanar los vacíos detectados.
La acción legal generó rechazo en diversos sectores políticos. El partido Centro Democrático calificó la demanda de “infame y oportunista”, rechazando la propuesta mientras el senador lucha por su vida tras el atentado ocurrido el 7 de junio. Otros sindicatos del sector defensa también expresaron que la acción no representaba la voz de todos los trabajadores y que era una iniciativa de una minoría radical.
El detonante de la demanda fue la presencia pública de Uribe Turbay en el barrio Modelia, jornada durante la cual fue atacado por un menor. Los demandantes sostuvieron que su actividad constituía proselitismo político en un periodo prohibido, lo que supuestamente justificaba la pérdida de investidura. Sin embargo, expertos constitucionalistas señalaron que los actos políticos previos al calendario electoral suelen estar permitidos para funcionarios en ejercicio, por lo que la demanda carecía de base jurídica sólida.
Esta decisión representa un respiro para Uribe Turbay y garantiza que conservará su curul mientras se recupera en la Fundación Santa Fe. También refuerza el principio de que las acciones judiciales en contra de funcionarios deben estar respaldadas por fundamentación rigurosa y no por motivaciones oportunistas en momentos delicados.
En un escenario de alta polarización política y judicial, el fallo del Consejo de Estado reafirma las garantías procesales, impide que se utilicen procedimientos legales para presionar políticamente y preserva la involucración parlamentaria durante crisis personales. Aunque los sindicatos tienen ahora un breve plazo para corregir la demanda, el precedente refuerza la importancia del riguroso cumplimiento de los requisitos legales en procesos de pérdida de investidura.
