El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un contundente pronunciamiento en defensa de su institucionalidad y la integridad de sus funcionarios, luego de la ola de señalamientos y hostigamientos recibidos tras la reciente decisión de sancionar administrativamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. En un comunicado oficial, el organismo rechazó categóricamente las agresiones dirigidas contra los magistrados que participaron en el fallo, enfatizando que sus actuaciones se rigen estrictamente por el marco constitucional y legal, lejos de cualquier sesgo partidista.
La corporación aclaró que la determinación de imponer multas por la violación de los topes de financiación se adoptó tras un riguroso análisis probatorio que se extendió por más de dos años. Según el tribunal electoral, la decisión fue técnica y jurídica, desestimando las acusaciones provenientes de sectores afines al Gobierno que califican el fallo como una persecución política o un intento de desestabilización institucional. El CNE insistió en que la autonomía de la rama electoral es un pilar fundamental de la democracia colombiana y que las discrepancias frente a sus fallos deben tramitarse a través de los recursos de ley, no mediante el ataque personal o la deslegitimación pública.
El origen de la controversia radica en la resolución expedida el pasado jueves, en la que el CNE encontró responsable a la campaña del Pacto Histórico de sobrepasar los límites de gastos permitidos en más de 5.300 millones de pesos. La sanción recayó sobre el entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como sobre la tesorera, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Aunque el presidente Gustavo Petro no fue sancionado directamente debido a su fuero constitucional, la decisión administrativa ha generado una fuerte reacción desde la Casa de Nariño.
En su defensa, el CNE reiteró que el debido proceso fue garantizado durante toda la investigación, permitiendo a las partes presentar sus argumentos y defensas. Los magistrados subrayaron que actuar bajo presión o amenaza no solo vulnera su independencia, sino que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios encargados de vigilar la transparencia de los procesos democráticos. «Las decisiones se adoptaron sin atender presiones políticas de ninguna índole», puntualizó la entidad, haciendo un llamado a la serenidad y al respeto por las instituciones del Estado.
La situación ha escalado la tensión política en el país, dado que el Jefe de Estado ha manifestado públicamente que no reconoce la decisión administrativa, argumentando que se trata de una estrategia de la oposición para debilitar su mandato. Ante este escenario, el organismo electoral ha solicitado a las autoridades competentes garantizar la seguridad de sus miembros y ha instado a los actores políticos a moderar su discurso para evitar incitar a la violencia o al desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente.
