Una grave denuncia de presunta corrupción académica y administrativa sacudió este martes a la Casa de Nariño, luego de que la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, revelara la existencia de lo que denominó un «cartel de diplomas irregulares». Según la congresista, el escándalo de la exfuncionaria Juliana Guerrero fue solo el preámbulo de un patrón sistemático que involucraría a otros 24 contratistas y servidores públicos vinculados al gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes habrían obtenido títulos universitarios fraudulentos para acceder a cargos estatales.
La investigación adelantada por la oficina de la legisladora señala directamente a la Fundación de Educación Superior San José como el epicentro de estas irregularidades. Juvinao expuso que esta institución habría otorgado títulos profesionales y tecnológicos a personas que no cumplían con los requisitos de ley, tales como la asistencia a clases o la presentación previa de las pruebas de estado Saber Pro. El costo fiscal de estas contrataciones, basadas en acreditaciones académicas cuestionadas, superaría los 1.100 millones de pesos, recursos que habrían salido del erario para pagar salarios y honorarios de personal no idóneo.
Entre los hallazgos más alarmantes presentados en la denuncia se encuentra el caso de un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien figura en los registros con cuatro títulos profesionales obtenidos el mismo día: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. Lo insólito del hecho, según explicó Juvinao, es que esta persona solo presentó una prueba Saber Pro, violando la normativa que exige un examen por cada núcleo de conocimiento, lo que refuerza la hipótesis de una «fábrica de diplomas» operando con la complacencia o negligencia de las autoridades educativas.
El alcance de este presunto fraude abarca una amplia lista de entidades del orden nacional. Los 24 casos identificados hasta el momento se encuentran distribuidos en instituciones estratégicas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Invima, la Aeronáutica Civil, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el DANE y varios ministerios, incluidos los de Transporte y Salud. La mayoría de los títulos cuestionados tienen como fecha de expedición el 5 de julio de 2024, coincidiendo con periodos de contratación masiva en el sector público.
Ante la gravedad de los hechos, la representante Juvinao anunció el traslado inmediato de las pruebas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Ministerio de Educación, exigiendo no solo la nulidad de los contratos y la recuperación de los dineros girados, sino también sanciones ejemplares para la universidad y los funcionarios implicados. Aunque por el momento se han reservado los nombres de los 24 involucrados para no entorpecer las investigaciones, la congresista advirtió que citará a debate de control político al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que responda por la falta de vigilancia sobre esta institución educativa.
