El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que en algunas regiones del país podrían presentarse bloqueos que impidan el ingreso de militares a ciertos puestos de votación, en medio de la preparación de la jornada electoral en Colombia. La declaración se produjo tras denuncias realizadas por sectores políticos que alertaron sobre posibles restricciones a la presencia de la Fuerza Pública en zonas consideradas críticas para el proceso democrático.
El pronunciamiento del jefe de la cartera política se dio luego de que el expresidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático señalaran que guardias indígenas y campesinas estarían obstaculizando el despliegue de soldados en algunos territorios. Según estas denuncias, la situación podría afectar la logística de seguridad durante la jornada electoral prevista en el país.
Benedetti afirmó que existe la posibilidad de que este tipo de situaciones se estén presentando en determinados lugares, aunque señaló que el Gobierno trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Defensa para resolver cualquier obstáculo que limite la llegada de la Fuerza Pública a los puestos de votación. El ministro también indicó que no se debe generalizar la conducta de todas las guardias indígenas o campesinas, pues no necesariamente están vinculadas con estructuras criminales.
El funcionario explicó que en algunos casos podría existir influencia de actores armados ilegales dentro de estos grupos comunitarios, aunque insistió en que ese no es el comportamiento predominante. En ese contexto, reiteró que el objetivo central de las autoridades es garantizar que los soldados y policías logren llegar a las mesas de votación para proteger el ejercicio democrático de los ciudadanos.
En paralelo, el Gobierno informó que ha intensificado los operativos de control para evitar delitos electorales, especialmente la compra de votos. De acuerdo con reportes oficiales de la Policía y el Ministerio de Defensa, hasta el momento se han detectado al menos 14 intentos de distribución de dinero ilícito destinados a influir en el voto, con un monto aproximado de 1.760 millones de pesos incautados durante las acciones de control.
Las autoridades también reportaron un balance judicial derivado de estas operaciones, que incluye 20 capturas relacionadas con irregularidades electorales. Sin embargo, la mayoría de los detenidos recuperó su libertad mientras avanza el proceso judicial, mientras que algunos casos continúan a la espera de decisiones sobre medidas de aseguramiento.
El Gobierno señaló que continuará desplegando acciones de seguridad en todo el territorio nacional para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones. Estas medidas forman parte del plan institucional de vigilancia electoral que busca asegurar el desarrollo normal de las elecciones y prevenir riesgos de fraude, violencia o interferencias en el proceso democrático.
