Una nueva controversia envuelve la gestión del Banco Agrario de Colombia tras revelarse detalles sobre una serie de operaciones financieras y contractuales que involucran a empresas ligadas al círculo familiar cercano de la primera dama, Verónica Alcocer. Documentos internos y correos electrónicos corporativos han dejado al descubierto gestiones para la aprobación de créditos por sumas multimillonarias y la firma de contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y el manejo de la banca pública.
Según la información que ha trascendido a la opinión pública en noviembre de 2025, empresas relacionadas con Juan Carlos y María Teresa Alcocer, hermanos de la esposa del presidente Gustavo Petro, adelantaron trámites para acceder a préstamos que en conjunto superan los 8.000 millones de pesos. Las solicitudes fueron gestionadas a través de las firmas Praga Servicios Inmobiliarios S.A. y Fema Reforestaciones S.A.S., buscando financiación por valores aproximados de 4.236 millones y 3.767 millones de pesos, respectivamente.
Aunque reportes de la entidad financiera indican que dichos desembolsos no se han materializado debido a alertas internas de riesgo reputacional y a la clasificación de los solicitantes como Personas Expuestas Políticamente (PEP), la sola tramitación de estas solicitudes ha generado cuestionamientos sobre la independencia de la entidad. Funcionarios del banco advirtieron sobre la inconveniencia de estas operaciones, frenando el proceso que, de otro modo, habría comprometido recursos significativos del erario destinados al fomento agrícola.
Paralelamente a las solicitudes de crédito, se ha confirmado la existencia de un contrato de arrendamiento vigente que vincula a la entidad bancaria con la sociedad Centum Business S.A.S., también relacionada con el entorno de la familia Alcocer. El acuerdo comercial contempla el alquiler de una sucursal del Banco Agrario en la ciudad de Sincelejo por un periodo de diez años. El canon mensual estipulado asciende a 30 millones de pesos, lo que representa una obligación contractual total cercana a los 3.600 millones de pesos durante la vigencia del pacto.
La ubicación de esta sede bancaria coincide con un edificio donde operan las empresas familiares mencionadas, lo que ha intensificado las críticas sobre un presunto favorecimiento. La administración de Hernando Chica Zuccardi, actual presidente del Banco Agrario y conocido por su cercanía al gobierno nacional, se encuentra bajo la lupa de los entes de control y la ciudadanía, quienes exigen claridad sobre los criterios técnicos utilizados para avalar este tipo de negociaciones con allegados al poder ejecutivo.
El oficial de cumplimiento de la entidad ha salido al paso de las acusaciones, negando nexos irregulares y asegurando que los procedimientos de control interno funcionaron al detener los créditos. No obstante, la revelación de estos movimientos financieros pone en entredicho la rigurosidad ética en la administración de los recursos públicos y plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia política en las decisiones corporativas de la banca estatal.
