La Gobernación de Antioquia ha intensificado su llamado al Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de orden público que atraviesa el departamento, confirmando que durante los dos años de gestión del gobernador Andrés Julián Rendón se han radicado más de 50 oficios ante el Ministerio de Defensa solicitando intervención estatal. La administración regional insiste en la necesidad imperiosa de contar con grupos especiales de la Fuerza Pública para contrarrestar el accionar delictivo de organizaciones como el Clan del Golfo, responsable del recrudecimiento de la violencia en diversas subregiones.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, informó que el pasado 7 de enero envió una nueva comunicación dirigida al ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Sánchez Suárez. En la misiva, el funcionario reiteró la urgencia de reforzar las medidas de seguridad priorizadas, argumentando que las estrategias actuales son insuficientes frente a la capacidad operativa de los grupos armados ilegales. La solicitud se fundamenta en el aumento sistemático de homicidios selectivos, amenazas y extorsiones que vulneran los derechos fundamentales de la población civil, con especial afectación en las zonas del Suroeste, Oriente, Magdalena Medio y Norte del departamento.
Martínez cuestionó la disparidad en la asignación de recursos de seguridad en comparación con otras regiones del país. El secretario señaló que mientras en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Risaralda se despliegan capacidades especiales de inteligencia y grupos de búsqueda que permanecen en el territorio por meses, Antioquia no recibe el mismo tratamiento. Como ejemplo de esta falencia operativa local, recordó que para neutralizar a alias ‘El Enano’, cabecilla del grupo Libertadores de Colombia en Amalfi en septiembre de 2024, fue necesario trasladar personal del grupo Jungla desde Bogotá, evidenciando la falta de capacidades instaladas en la región.
La administración departamental ha calificado la respuesta del Gobierno Nacional como «paquidérmica» frente a la dinámica criminal que enfrenta el territorio. Aunque reconocen que han existido reuniones con funcionarios enviados por el Ministro y se ha dado cumplimiento parcial a compromisos de consejos de seguridad, consideran que las acciones carecen de la contundencia requerida. El ente territorial ha manifestado su total disposición para apoyar con la logística necesaria en caso de que se apruebe el despliegue de unidades élite.
Entre las peticiones específicas elevadas al Ministerio se encuentran el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de la inteligencia y la policía judicial, y la conformación de grupos operativos especiales con capacidades diferenciales. Actualmente, el departamento de Antioquia cuenta con un cuerpo policial de 5.100 uniformados, cifra que incluye un refuerzo reciente de 200 efectivos, pero que resulta insuficiente para cubrir la extensión y complejidad del territorio antioqueño frente a la amenaza terrorista actual.
