Alias Douglas, uno de los jefes criminales vinculados a estructuras del Valle de Aburrá, entregó detalles sobre la parranda ilegal realizada en la cárcel de Itagüí, un hecho que provocó la decisión del Gobierno nacional de congelar los diálogos con cabecillas de bandas de Medellín en el marco de la política de “paz total”.
Según lo conocido, el evento irregular se habría llevado a cabo dentro del centro penitenciario con la participación de varios internos, incluidos líderes de organizaciones criminales que estaban siendo considerados interlocutores en los acercamientos con el Ejecutivo. La situación generó un fuerte cuestionamiento sobre el control interno en el establecimiento carcelario y la seriedad de los compromisos asumidos en los procesos de diálogo.
En sus declaraciones, alias Douglas se refirió a las condiciones en las que se desarrolló la parranda y a la participación de diferentes actores dentro del penal, lo que puso en evidencia posibles fallas en los mecanismos de vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias. El caso fue interpretado como una muestra de indisciplina por parte de los grupos involucrados.
Tras conocerse los hechos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender de manera inmediata los diálogos que venía adelantando con estructuras criminales de Medellín, al considerar que se había vulnerado la confianza necesaria para continuar con el proceso. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la estrategia de acercamientos urbanos dentro de la política de “paz total”.
El episodio también generó reacciones en distintos sectores políticos y judiciales, que cuestionaron la capacidad del Estado para mantener el control en los centros de reclusión y para garantizar el cumplimiento de condiciones básicas en los procesos de negociación con actores ilegales.
Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer cómo se permitió la realización de la parranda dentro del penal y determinar posibles responsabilidades disciplinarias y penales. El caso también ha puesto bajo revisión los protocolos de seguridad en las cárceles del país.
La situación ha tenido impacto directo en el desarrollo de la política de seguridad del Gobierno, al evidenciar los retos que enfrenta en su intento por avanzar en procesos de diálogo con estructuras criminales en contextos urbanos, donde persisten dinámicas de control territorial y poder ilegal.
