Los alcaldes de las 32 ciudades capitales de Colombia elevaron una voz unida para exigir al Gobierno nacional que asuma sus responsabilidades en seguridad, tras denunciar recortes superiores a 1,5 billones de pesos en el presupuesto nacional. En una reunión de Asocapitales realizada en Bogotá, mandatarios como Alejandro Éder (Cali), Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín) coincidieron en que la disminución de los recursos ha debilitado la inteligencia, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, y afirmaron que pese a haber aumentado su inversión local hasta un 30%, las ciudades no pueden compensar un recorte del 20 % a nivel nacional.
Durante el encuentro, se informó que 900 000 millones de pesos fueron recortados en comparación con el año pasado, además de la congelación de otros 600 000–700 000 millones. Frente a este panorama, los mandatarios acordaron convocar una cumbre de seguridad en los próximos días con el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Policía, con el fin de revisar y fortalecer las estrategias locales. Hicieron un llamado para que el Gobierno libere los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana (Fonsecon), estimados en 300 000 millones, para proteger a la ciudadanía y, de forma especial, a los candidatos y precandidatos presidenciales en un año electoral.
El incremento reciente de atentados y ataques—como el atentado al senador Miguel Uribe Turbay y acciones violentas del grupo disidente Estado Mayor Central en Cali y Valle—ha elevado la urgencia de sus demandas . Los alcaldes insistieron en que cualquier política de paz nacional debe ir acompañada de una estrategia disuasiva efectiva, pues señalaron que los grupos armados enfrentan oportunidades en zonas donde el Estado ha perdido presencia.
El bloque local advirtió que, sin recursos ni capacidad operativa, no es posible garantizar la protección de la población ni la integridad del proceso electoral. La situación actual, afirmaron, podría retrotraer al país a niveles de violencia no vistos desde hace décadas . El llamado es claro: el Gobierno debe asumir su responsabilidad en seguridad y trabajar de forma conjunta para evitar que las brechas institucionales sigan creciendo.
