La Fiscalía General de Estados Unidos anunció un aumento histórico en la recompensa para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, elevando el monto a 50 millones de dólares. Esta cifra duplica los 25 millones previamente establecidos por la administración Biden y representa un claro escalamiento de la presión legal sobre el mandatario sudamericano.
La acusación central señala a Maduro como dirigente del denominado “Cártel de los Soles”, con vínculos operativos y estratégicos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa. Según el fiscal general Pam Bondi, estas redes criminales facilitan el tráfico de cocaína, incluso mezclada con fentanilo, hacia Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense detalló que ha incautado cerca de 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus colaboradores, además de confiscar más de 700 millones de dólares en activos, incluyendo jets privados y vehículos de lujo.
El gobierno venezolano respondió al anuncio calificándolo como un acto de “propaganda política” y una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de asuntos internos en Estados Unidos. El canciller Yván Gil rechazó las acusaciones y defendió la soberanía del país bolivariano.
La estrategia estadounidense se inserta en una ofensiva más amplia contra el régimen de Maduro, que incluye la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, sanciones económicas y restricciones diplomáticas. Todo esto en un contexto de aislamiento creciente del gobierno venezolano en el ámbito internacional.
Con esta medida, Washington busca intensificar el cerco legal contra Nicolás Maduro, amenazando su libertad de movimiento y aumentando la presión para su rendición de cuentas ante la corte estadounidense.
