El Gobierno de Estados Unidos emitió una declaración contundente ante la reciente condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el fallo como la “instrumentalización” de la justicia colombiana por jueces radicales, advirtiendo que este precedente representa un serio peligro para el sistema judicial del país.
Rubio, quien ha sido aliado ideológico de Uribe y figura influyente dentro del ala republicana de Donald Trump, expresó en un mensaje en X que “el único crimen del expresidente ha sido luchar sin descanso por su patria”, y denunció que el proceso judicial refleja una politización preocupante de la rama judicial colombiana.
La condena, emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, representa un hito: Uribe es el primer expresidente de Colombia condenado en un juicio penal por delitos relacionados con manipulación de testigos y fraude procesal. Aunque absuelto de soborno simple, podría enfrentar una pena de entre seis y doce años, posiblemente en modalidad de prisión domiciliaria dadas sus condiciones de edad .
La reacción estadounidense se suma a una tensa atmósfera diplomática y política. En períodos recientes ya se habían visto roces, como el episodio de retiro de embajadores entre ambos países. Algunos analistas advierten que EE.UU. podría tomar medidas de presión, como imponer aranceles, al estilo de lo sucedido en el caso de Brasil tras el juicio a Jair Bolsonaro.
En Colombia, la condena ha dividido al país. Sectores del uribismo, congresistas afines y figuras de la derecha han denunciado un supuesto “lawfare”, presentando el fallo como un acto de persecución política. En contraste, desde la izquierda y el centro político se ha reiterado la importancia de respetar la independencia judicial y fortalecer la institucionalidad democrática.
Este pronunciamiento de Rubio no solo resuena en lo político, sino que abre el debate internacional sobre la autonomía judicial en Colombia y el rol de actores externos en procesos internos. La potencial apelación del fallo y el contexto electoral nacional incrementan la atención sobre cómo se resolverá el caso, tanto en lo jurídico como en lo diplomático.
