En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma que permitía a las empresas de telefonía móvil ofrecer planes de datos con aplicaciones gratuitas predefinidas, práctica conocida como «zero rating». La sentencia C-206 de 2025 establece que esta práctica vulnera el principio de neutralidad de la red y afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
¿Qué implica la sentencia?
La Corte examinó el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014, que autorizaba a los prestadores de servicios de Internet a ofrecer planes según los perfiles de consumo de los usuarios. El alto tribunal concluyó que esta disposición permitía tratos desiguales entre usuarios y favorecía ciertas aplicaciones o contenidos, lo cual es incompatible con la obligación del Estado de garantizar el acceso equitativo a la información en línea.
Según la sentencia, el Estado debe asegurar que no existan desigualdades en la posibilidad que tienen las personas de producir, consumir y circular información en Internet. Esto implica que los proveedores de servicios de Internet no pueden bloquear, ralentizar, priorizar ni discriminar contenidos, aplicaciones o servicios con base en su origen, destino, propiedad o interés comercial.
Aunque la norma fue declarada inexequible, la Corte determinó que los efectos de su decisión se difieran por un año a partir de la publicación del texto completo de la sentencia. Este plazo permitirá a las empresas de telecomunicaciones ajustar sus ofertas comerciales y garantizar que sus planes de datos respeten el principio de neutralidad de la red.
La decisión ha sido recibida con opiniones divididas. Defensores de los derechos digitales celebran el fallo como un avance en la protección de la libertad de expresión y el acceso equitativo a la información. Por otro lado, algunos operadores móviles expresan preocupación por el impacto en sus modelos de negocio y la necesidad de reestructurar sus planes comerciales.
Esta sentencia marca un precedente importante en la regulación del acceso a Internet en Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos digitales de sus ciudadanos.
