Por: Paloma Valencia
Colombia no puede acostumbrarse a que el Gobierno juegue con el ahorro de los trabajadores como si fuera una caja menor. Hoy enfrentamos un hecho gravísimo: pretenden obligar a los fondos de pensiones a entregarle al Gobierno $25 billones en menos de 15 días, a pesar de que la ley lo prohíbe y de que el Banco de la República advirtió que ese movimiento es ilegal.
Quieren meterle la mano a la plata de las pensiones utilizando el único artículo vigente de la Reforma Pensional como excusa para hacerse, de un tajo, a una caja billonaria en plena época electoral. La pregunta es inevitable: ¿Qué están tratando de financiar?, ¿Por qué el afán?, ¿Qué hay detrás de esta urgencia?
Por eso solicité a la Corte Constitucional que aclare el alcance del Auto que suspendió la entrada en vigencia de la Reforma Pensional y determine si los fondos deben o no entregar esos recursos. Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa, pero vamos a defender hasta el final el dinero de las pensiones de los colombianos. Y si publican el Decreto, lo demandaremos de inmediato.
Lo indignante es que, mientras buscan quedarse con $25 billones, lo que hay en Colpensiones es un despilfarro descarado. El caso de la camioneta lo retrata todo. En diciembre de 2025, Colpensiones compró una Prado 2025 por $404 millones para su presidente, a pesar de que ya existía un convenio con la UNP por $2.121 millones que incluía un vehículo blindado para su esquema de seguridad. Es decir, habrían pagado dos veces por lo mismo. ¿Así pretenden administrar el ahorro de los colombianos?
Esto no es un hecho aislado. Entre marzo de 2025 y junio de 2026, Colpensiones destinó $146.449 millones para contratar trabajadores temporales. Más de mil personas vinculadas mediante esquemas que permiten esquivar controles y evadir la Ley de Garantías. Eso no es gestión. Eso es burocracia electoral. Es la vieja práctica de inflar nóminas por la puerta de atrás, disfrazando la contratación para evitar controles y usar el Estado como herramienta política.
Todavía hay más. En 2023, Colpensiones le entregó $404 millones a la Fundación San José para “fortalecer la cultura organizacional”. Es decir, talleres, lúdicas y actividades internas. El contrato inicialmente era por $234 millones y apenas mes y medio de duración. Sin embargo, en 2024 lo extendieron por un año y le adicionaron $170 millones más. ¿Esto era realmente prioritario para una entidad que administra el ahorro pensional de los colombianos?
Lo más grave es que pareciera que la Fundación San José terminó siendo un mega contratista del Gobierno Petro: títulos cuestionados a altos funcionarios, contratos con el Fondo de Adaptación y también en Colpensiones. Dilapidaron el dinero de los colombianos.
Como si fuera poco, el gasto en publicidad es escandaloso. El 2 de marzo de 2026 denuncié que Colpensiones preparaba un contrato de $12.339 millones para publicidad en medios “no masivos”. Dos días después, el 4 de marzo, publicó una nueva convocatoria por $15.171 millones para medios “masivos”. Es decir, fragmentaron la operación en dos contratos, a pesar de que tienen prácticamente el mismo propósito.
No tiene sentido suscribir dos contratos para un mismo fin ni destinar semejantes recursos a publicidad en medios masivos y no masivos al mismo tiempo. A esto se suman los $60.111 millones que Colpensiones le entregó a dedo a RTVC entre 2023 y 2025. ¿Cuál es el afán de girar esta millonada a los medios en plena época electoral? ¿Acaso el Gobierno está aceitando la maquinaria para mejorar la percepción de Cepeda?
En contraste, entre 2020 y 2022 el Gobierno Duque destinó $7.741 millones para publicidad en Colpensiones. El Gobierno Petro disparó este rubro en 1.032%, alcanzando un total de $87.621 millones. Para eso querían aprobar una reforma tributaria de $16 billones e imponer impuestos por decreto a través de dos emergencias económicas.
Mientras le exigen más impuestos a los colombianos y hablan de justicia social, están financiando una maquinaria de publicidad sin precedentes. Eso también es corrupción. Porque no solo se roba quien se lleva la plata al bolsillo: también hay corrupción cuando se despilfarra el dinero público sin control, sin criterio y con fines políticos.
Aquí hay un patrón claro: un Gobierno que no respeta la ley, que busca concentrar recursos y que usa el Estado para sus intereses. Y ahora quieren poner las manos sobre $25 billones del ahorro pensional. No lo vamos a permitir. Vamos a defender cada peso de los trabajadores. Vamos a exigir investigaciones y, si insisten en avanzar por decreto, lo demandaremos de inmediato.
Colombia merece un Estado que cuide, no que derroche; que respete la ley, no que la burle.
Este 7 de agosto de 2026, vamos a ponerle fin a esta vagabundería.
