La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que regula la negociación sindical por sectores económicos, al considerar que la norma vulnera la Constitución y afecta gravemente al sector empresarial.
La acción judicial busca la nulidad del Decreto 234 de 2026, expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual establece que las empresas de un mismo sector deben negociar de manera conjunta con organizaciones sindicales. Según la congresista, esta disposición impone obligaciones que podrían exceder la capacidad financiera de muchas compañías, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Valencia solicitó además la suspensión provisional del decreto mientras se resuelve el fondo del caso. En sus argumentos, sostiene que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al imponer un modelo obligatorio de negociación colectiva sectorial, sin distinción entre empresas con diferentes niveles de ingresos o condiciones económicas.
De acuerdo con la demanda, uno de los principales riesgos es que las mipymes se vean obligadas a asumir compromisos laborales que no pueden cumplir, lo que podría derivar en cierres o afectaciones a la sostenibilidad empresarial. La senadora ha calificado la medida como una posible “sentencia de muerte” para este tipo de compañías, que representan la mayor parte del tejido productivo del país.
El decreto ha generado amplio debate en distintos sectores. Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer la negociación colectiva y ampliar la cobertura sindical en Colombia, críticos advierten que podría concentrar poder en grandes sindicatos y afectar la autonomía empresarial.
La normativa introduce un modelo de negociación por ramas de actividad, inspirado en esquemas aplicados en países europeos, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, también ha sido cuestionada por imponer condiciones obligatorias para empresas que no necesariamente cuentan con representación sindical o capacidad económica para asumir acuerdos colectivos.
El Consejo de Estado deberá ahora evaluar la solicitud de suspensión provisional y determinar si existen fundamentos para admitir la demanda. El proceso podría convertirse en un nuevo frente de discusión jurídica y política en torno a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno.
Este episodio se suma a las tensiones entre el Ejecutivo y sectores de oposición en medio de la campaña presidencial de 2026, donde las propuestas económicas y laborales se han convertido en uno de los principales ejes del debate público en Colombia.
