La Fiscalía General de la Nación reveló nuevas pruebas que vincularían a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, con el presunto direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector de la entidad, Juan David Palacio, el ente acusador presentó una serie de conversaciones de WhatsApp que evidenciarían una injerencia directa de Quintero Calle en la toma de decisiones administrativas, pese a no ostentar ningún cargo público en la institución.
Según el material probatorio expuesto por el fiscal del caso, Miguel Quintero habría actuado como un determinador en la sombra, enviando instrucciones precisas a Juan David Palacio sobre a quién contratar y cómo gestionar ciertos procesos internos. En uno de los chats revelados, con fecha de febrero de 2020, se lee cómo el hermano del exmandatario cuestiona la demora en la vinculación de una contratista específica: «Esta niña, Elizabeth Quintero, ¿por qué no entró al Área? Pensé que ya estaba allá». Ante el reclamo, Palacio responde justificando los retrasos con trámites jurídicos, lo que para la Fiscalía demuestra una subordinación de facto del director de la entidad ante un particular.
El ente investigador argumentó que estas comunicaciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático donde el exdirector del AMVA «acató las instrucciones de Miguel Quintero y participó en reuniones para acordar la distribución de contratos». La Fiscalía sostiene que esta dinámica permitió la entrada de fichas claves en la entidad, facilitando presuntamente la estructura de corrupción que hoy se investiga por irregularidades en contratos que suman más de 18.000 millones de pesos, incluyendo convenios con cuerpos de bomberos y mantenimiento de zonas verdes.
La gravedad de los hallazgos llevó a la Fiscalía a solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Juan David Palacio, argumentando que su permanencia en libertad representa un riesgo para la obstrucción de la justicia, citando intentos previos de borrado de información y formateo de equipos. Además, el fiscal planteó la posibilidad de catalogar a los implicados bajo la figura de Grupo Delincuencial Organizado (GDO), dada la sofisticación y permanencia de las maniobras defraudatorias.
Mientras la defensa de los imputados se prepara para presentar sus argumentos en la reanudación de la audiencia programada para el próximo 2 de febrero, la revelación de estos chats añade una nueva capa de complejidad al escándalo que salpica al círculo más cercano del exalcalde Daniel Quintero. La Procuraduría General de la Nación ha respaldado la petición de cárcel para el exdirector, considerando que las pruebas sobre la desviación de recursos públicos —que incluyen gastos injustificados en transporte y recargas telefónicas millonarias— son contundentes.
