Una nueva controversia sacude al sector salud en Antioquia tras conocerse un documento oficial de la Superintendencia Nacional de Salud firmado por Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En su calidad de Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, la funcionaria ordenó mediante un auto administrativo una auditoría integral inmediata sobre el Hospital San Rafael de Itagüí, acción que ha sido calificada por diversos sectores políticos y gremiales como una presunta retaliación.
La suspicacia surge por la coincidencia temporal de la medida. El auto fue expedido el pasado 19 de enero, el mismo día en que el ministro Jaramillo protagonizó un fuerte enfrentamiento mediático con el gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave. Mientras el directivo médico expresaba entre lágrimas la crítica situación financiera de la institución debido a las deudas de las EPS, el ministro desestimó la crisis tildando al hospital de «fortín político» y lanzando la frase «los ricos también lloran», lo que desató indignación en el departamento.
El documento, revelado por medios locales, faculta a una comisión de la Supersalud para inspeccionar los componentes financieros, administrativos y jurídicos de la E.S.E. durante cuatro días. Según las denuncias de concejales de Itagüí y diputados de la Asamblea de Antioquia, la diligencia no parece obedecer a una programación ordinaria de vigilancia, sino a una reacción directa y coordinada desde el despacho ministerial, ejecutada a través de la esposa del jefe de la cartera, lo que configuraría un claro conflicto de intereses.
Beatriz Gómez Consuegra no es ajena a los cuestionamientos. Su nombre ha estado vinculado recientemente a otras polémicas, como las presuntas presiones a funcionarios en hospitales de La Guajira y Leticia para direccionar contratación. Frente a este nuevo episodio, el Gobierno Nacional ha defendido la legalidad del procedimiento, argumentando que la inspección busca verificar el cumplimiento de responsabilidades en medio de la crisis, aunque en la región persiste la sensación de que se trata de un mensaje de intimidación contra las voces críticas del sistema.
