Una nueva polémica administrativa envuelve al Sistema de Medios Públicos (RTVC) tras la denuncia pública realizada por el concejal Daniel Briceño, quien reveló la existencia de un contrato estatal por 455 millones de pesos destinado exclusivamente a emprender acciones legales en su contra. Según la documentación expuesta por el cabildante, la entidad pública contrató los servicios de una firma de abogados vinculada directamente a la esposa del exfiscal general y exministro de Petro, Eduardo Montealegre, con el objetivo de entablar procesos penales y civiles contra él.
La denuncia detalla que los recursos del presupuesto nacional están siendo direccionados para financiar una defensa externa, a pesar de que la entidad cuenta con una oficina jurídica propia. Briceño cuestionó severamente la moralidad administrativa de este movimiento, señalando que se están utilizando los impuestos de los ciudadanos para perseguir judicialmente a quienes ejercen control político y veeduría sobre el gasto estatal. El concejal calificó la maniobra como un intento de intimidación y censura pagado con el erario, diseñado para frenar sus constantes revelaciones sobre irregularidades en la contratación del canal.
Desde la gerencia de RTVC, liderada por Hollman Morris, se ha justificado la millonaria contratación bajo el argumento de la defensa institucional. La entidad sostiene que las reiteradas denuncias y publicaciones de Briceño en redes sociales han afectado el buen nombre, la credibilidad y la operación del sistema de medios públicos, configurando lo que denominan un ataque sistemático. Por esta razón, argumentan la necesidad de contar con una representación legal especializada de alto perfil para «proteger la integridad» de la institución ante los estrados judiciales.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites en el uso de recursos públicos para litigar contra opositores políticos. Expertos en contratación estatal advierten sobre posibles conflictos de interés y la pertinencia del gasto, dado que la defensa del honor de funcionarios públicos o entidades no suele justificar erogaciones de esta magnitud para contratar bufetes externos específicos. La conexión con el exfiscal Montealegre añade una capa de complejidad política al asunto, sugiriendo alianzas estratégicas entre la administración actual y sectores de la rama judicial tradicional.
Ante la gravedad de los hechos, diversos sectores de la oposición han solicitado la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría para que auditen el proceso de selección de este contrato y determinen si existe un detrimento patrimonial. Mientras avanza la controversia, Briceño ha asegurado que no cesará en su labor de control político y que enfrentará la demanda en los tribunales, denunciando lo que considera una instrumentalización de la justicia por parte del gobierno para silenciar las voces críticas.
