En un despliegue de fuerza política y técnica, la candidata presidencial Paloma Valencia encabezó este domingo un panel de alto nivel para desglosar la realidad económica de Colombia de cara al 2026. Acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los expertos económicos Andrés Felipe Arias, Daniel Briceño y Lucas Jaramillo, el equipo presentó un diagnóstico que contradice frontalmente el optimismo de la Casa de Nariño, señalando que los indicadores macroeconómicos están siendo distorsionados por el flujo de capitales ilícitos.
El punto más álgido de la jornada fue la revelación sobre la correlación entre el supuesto crecimiento y la economía subterránea. Valencia fue enfática al señalar que mientras el Gobierno celebra ciertas cifras de reactivación, estas coinciden peligrosamente con el hecho de que Colombia concentra hoy el 72 % de la producción mundial de cocaína. Para la mesa técnica, esto sugiere que la liquidez que circula en ciertas regiones no proviene de la productividad empresarial, sino de un auge del narcotráfico que está permeando las estadísticas nacionales sin generar bienestar estructural.
Más allá de la macroeconomía, la denuncia más sensible socialmente giró en torno al desmantelamiento del programa «Mi Casa Ya». Según los datos presentados, la decisión administrativa de eliminar los subsidios ha provocado una crisis habitacional inmediata, dejando a 30.000 familias con procesos de compra bloqueados. La gravedad radica en que muchos de estos hogares ya habían pagado cuotas iniciales bajo un esquema financiero que el Estado cambió abruptamente, lo que Valencia calificó como una «trampa de pobreza» que castiga el ahorro de la clase trabajadora.
El panel también abordó la política de ingresos. Andrés Felipe Arias y Valencia coincidieron en que los aumentos decretados al salario mínimo son ineficaces en un país donde el 57 % de la fuerza laboral opera en la informalidad. La tesis planteada es que subir el salario sin reducir los costos de contratación ni incentivar la creación de empresas solo empuja a más colombianos al «rebusque». La propuesta del equipo se centra en un cambio de paradigma: dejar de legislar viendo al empresario como un enemigo fiscal y empezar a verlo como el único vehículo capaz de formalizar el empleo.
El evento concluyó con un compromiso programático de la candidata tras su recorrido por el Caribe: la prioridad para el 2026 será restablecer la seguridad jurídica para la inversión privada y reactivar los subsidios de vivienda, planteando que sin un sector constructor fuerte y una economía legal robusta, los programas sociales son insostenibles a largo plazo.
