Una tormenta política y económica se ha desatado en el país tras la confirmación del aumento del salario mínimo a dos millones de pesos para el año 2026. La decisión del presidente Gustavo Petro, oficializada vía decreto ante la falta de concertación, ha generado reacciones vehementes por parte de sectores de la oposición y gremios económicos, quienes califican la medida como una acción populista que podría empujar a la economía nacional hacia un escenario similar al de Venezuela.
La frase «Bienvenidos al chavismo colombiano» se convirtió en tendencia y bandera de las críticas lanzadas por líderes del Centro Democrático y otros movimientos opositores. Congresistas y analistas políticos han señalado que un incremento del 23,8 %, desconectado de la productividad real y de la capacidad de pago del tejido empresarial, responde más a una estrategia de agitación política que a una solución técnica para la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde la oposición se advierte que imponer cargas laborales de esta magnitud sin el respaldo técnico suficiente acelerará la destrucción del empleo formal. Según los críticos, la medida asfixiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que constituyen la base del empleo en Colombia, obligándolas a reducir personal, cerrar operaciones o migrar hacia la informalidad para poder subsistir ante los nuevos costos operativos.
Gremios de la producción y expertos en hacienda pública han calificado la determinación como irresponsable, alertando sobre un inminente rebrote inflacionario. El argumento central de los detractores es que el aumento desmedido de la masa monetaria, sin un incremento paralelo en la producción de bienes y servicios, terminará por encarecer aún más la canasta familiar, neutralizando el beneficio nominal del aumento y profundizando la crisis del costo de vida.
La controversia también se centra en el mensaje que el Gobierno envía a los mercados internacionales y a la inversión extranjera. Para los críticos, la fijación unilateral de este monto, ignorando las advertencias del Banco de la República y de los empresarios, evidencia un manejo ideologizado de la economía que pone en riesgo la estabilidad fiscal del Estado y la sostenibilidad del sistema pensional y de salud.
Mientras el Gobierno defiende el decreto como un acto de justicia social necesario para dignificar a la clase trabajadora, la oposición insiste en que se trata de una «ilusión monetaria» con graves consecuencias a largo plazo. El debate ha trascendido lo económico para convertirse en el nuevo campo de batalla de la campaña electoral, donde se contrapone la visión de protección social del Ejecutivo contra las advertencias de colapso económico esgrimidas por sus adversarios políticos.
