El Gobierno Nacional dio este viernes el paso más significativo en su intención de reformar la Carta Magna de 1991, al formalizar la inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La diligencia, encabezada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, marca el inicio oficial del cronograma para la recolección de apoyos ciudadanos que permitan convocar al mecanismo de participación popular.
La delegación gubernamental, acompañada por representantes de diversos movimientos sociales, presentó la documentación requerida para habilitar la logística de recolección de firmas. Según lo estipulado por la ley, el comité deberá reunir un umbral mínimo de apoyos equivalente al 5% del censo electoral vigente; sin embargo, el ministro Sanguino aseguró que la meta política trazada por la Casa de Nariño es mucho más ambiciosa, proyectando la validación de más de tres millones de rúbricas para dotar de legitimidad incuestionable al proceso.
Durante el acto de inscripción, los portavoces del comité enfatizaron que la iniciativa surge como respuesta al bloqueo institucional que, según el Ejecutivo, ha sufrido la agenda de reformas sociales en el Congreso de la República. La convocatoria busca apelar directamente al «poder constituyente primario» para viabilizar transformaciones estructurales en el sistema judicial, el ordenamiento territorial y el modelo económico, temas que han sido eje central del discurso del presidente Gustavo Petro en los últimos meses.
El grupo promotor quedó conformado por una representación diversa que incluye a líderes indígenas, campesinos, sindicales y exfuncionarios del gobierno. Entre los argumentos expuestos en la inscripción, se reiteró que no se busca una sustitución integral de la Constitución, sino una actualización que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales y la implementación del Acuerdo de Paz, adaptando la institucionalidad a las realidades del siglo XXI.
La noticia ha generado reacciones inmediatas en el espectro político nacional. Mientras los sectores afines al oficialismo celebran el inicio del proceso como una victoria de la democracia directa, la oposición ha calificado la maniobra como un salto al vacío que podría desestabilizar la seguridad jurídica del país. A partir de la entrega de los formularios oficiales por parte de la Registraduría, el comité tendrá un plazo perentorio para recorrer el territorio nacional y validar los apoyos necesarios antes de que la propuesta pueda ser sometida a consideración de las urnas.
