El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha emitido un pronunciamiento oficial para clarificar la situación jurídica y administrativa de Verónica Alcocer dentro de la estructura del Gobierno Nacional. En respuesta a requerimientos sobre el papel de la esposa del mandatario, la entidad confirmó que Alcocer no ostenta la calidad de funcionaria pública, no posee funciones administrativas asignadas ni ejerce autoridad estatal alguna, desvirtuando así la existencia de un cargo formal de «Primera Dama» dentro del organigrama del Estado.
El documento del Ejecutivo precisa que, aunque tradicionalmente se reconoce a la cónyuge del Presidente como gestora social, este rol no implica una vinculación laboral ni contractual que la faculte para tomar decisiones administrativas. La Casa de Nariño fue enfática al señalar que no existe ninguna persona designada, ni formal ni informalmente, para asumir tareas específicas bajo esta figura, aclarando que al no ser un cargo público, no se requieren nombramientos ni reemplazos cuando Alcocer no se encuentra presente en el país o no puede desarrollar actividades protocolarias.
Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la comunicación oficial se refiere a la financiación de sus actividades. A pesar de no ser servidora pública, la Presidencia reconoció que los desplazamientos, la logística y los esquemas de seguridad de Verónica Alcocer se financian con recursos del erario. La justificación entregada por el Gobierno sostiene que estos gastos se ejecutan bajo «criterios institucionales habituales» y por «tradición», argumentando que se trata de actos de representación protocolaria inherentes a su condición de esposa del Jefe de Estado.
Esta aclaración surge en un contexto de escrutinio público tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien admitió públicamente que, aunque mantienen el vínculo legal matrimonial, no sostienen una relación de pareja desde hace varios años y se encuentran separados físicamente. Pese a esta situación personal y a las críticas sobre su permanencia en el extranjero, la administración defiende la asignación de recursos para su seguridad y logística, reiterando que mientras persista el vínculo legal, se mantienen ciertos protocolos de seguridad y asistencia.
El pronunciamiento del Dapre busca zanjar las dudas legales sobre la posible usurpación de funciones, delimitando que el papel de Alcocer es estrictamente protocolario y de acompañamiento social. No obstante, la confirmación del uso de fondos públicos para una figura que el mismo Gobierno califica como «ciudadana libre» sin funciones estatales, mantiene abierto el debate sobre la austeridad y la destinación de los recursos en la actual administración.
