La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente este martes, 2 de diciembre de 2025, la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos. La petición fue elevada ante un juez de control de garantías de Barranquilla por la fiscal Lucy Laborde, quien argumentó la urgencia y necesidad de la detención preventiva en el marco del segundo proceso penal que enfrenta el exdiputado del Atlántico por presunta corrupción administrativa.
Durante la diligencia judicial, el ente acusador imputó cinco cargos específicos al hijo mayor del presidente de la República: peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Según la investigación, estos delitos se habrían materializado mediante el direccionamiento irregular de la contratación pública en la Gobernación del Atlántico para favorecer a la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Como material probatorio novedoso, la Fiscalía reveló una serie de audios y conversaciones de WhatsApp sostenidas entre el imputado y su expareja, Day Vásquez. En dichas grabaciones, que datan del periodo en que Petro Burgos ejercía como diputado, se evidencia presuntamente cómo Vásquez fue instrumentalizada para coordinar la adjudicación de convenios estatales. El material expuesto busca demostrar que la fundación, destinada a la atención de adultos mayores y población vulnerable, fue utilizada como fachada para desviar recursos públicos.
Uno de los hallazgos fiscales más graves presentados en la audiencia señala un presunto detrimento patrimonial cercano a los 111 millones de pesos. La fiscal Laborde detalló maniobras específicas, como la contratación de profesionales de la salud que laboraban menos días de los facturados oficialmente, permitiendo así la apropiación de los excedentes financieros. Según el relato del ente investigador, estos dineros habrían terminado financiando gastos personales y el estilo de vida de la pareja.
La defensa de Nicolás Petro, quien compareció de manera virtual desde Bogotá, ha rechazado sistemáticamente los señalamientos, argumentando que las acusaciones se basan en testimonios sesgados. No obstante, la Fiscalía insistió en que el procesado tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos al momento de los hechos. El juez de control de garantías deberá evaluar en las próximas horas los argumentos de ambas partes para definir si acoge la solicitud de enviar a prisión al exasambleísta o si opta por una medida menos restrictiva mientras avanza el juicio.
