En una decisión administrativa que marca un precedente histórico en la política colombiana, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) falló oficialmente contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. El organismo declaró probada la violación de los topes de financiación permitidos por la ley, estableciendo que la coalición del Pacto Histórico excedió el límite de gastos en más de 5.300 millones de pesos, recursos que ahora deberán ser objeto de devolución y sanciones financieras severas.
La determinación se tomó tras una extensa jornada de deliberación que concluyó con una votación mayoritaria de seis votos contra tres. Los magistrados avalaron la ponencia que detalla irregularidades contables significativas, incluyendo la omisión de reportes sobre el pago a más de 30.000 testigos electorales, gastos de transporte aéreo y aportes de sindicatos que no fueron debidamente registrados en los libros oficiales de la campaña. Según el fallo, estas sumas no reportadas vulneraron la integridad del sistema de financiación estatal.
Como consecuencia directa de la resolución, se activan los mecanismos previstos en la Ley 1475 de 2011. La sanción implica que los partidos que avalaron la candidatura —principalmente Colombia Humana y la Unión Patriótica— pierden el derecho a la reposición de votos por el monto excedido. En términos prácticos, esto obliga a la campaña a devolver al Tesoro Nacional una cifra superior a los 5.000 millones de pesos, correspondientes a los recursos públicos que habrían recibido indebidamente o que dejarán de percibir como penalidad por la infracción.
El fallo administrativo responsabiliza directamente a los gerentes y auditores de la campaña, entre ellos al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la aspiración presidencial. Aunque el CNE impuso multas millonarias a los partidos y a los administradores de los recursos, el organismo carece de competencia para sancionar disciplinariamente al Presidente de la República debido a su fuero constitucional. Por esta razón, el tribunal electoral ordenó compulsar copias del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión ha generado un fuerte remezón político en el país. Desde la Casa de Nariño, la defensa del mandatario ha calificado la actuación del CNE como una extralimitación de funciones y un ataque político por parte de la oposición. Sin embargo, los magistrados sostienen que la evidencia técnica y contable es irrefutable. Este dictamen no solo conlleva implicaciones económicas para los partidos de gobierno, sino que abre la puerta a nuevos debates jurídicos sobre la legitimidad del mandato y la responsabilidad política de los directivos de la campaña ante las instituciones de control fiscal y penal.
De acuerdo con el procedimiento administrativo, los sancionados podrán interponer recursos de reposición, aunque los expertos señalan que el margen de maniobra es limitado dada la contundencia del material probatorio recaudado durante los tres años de investigación. La devolución de los dineros marca un hito en la fiscalización electoral en Colombia, enviando un mensaje de rigor sobre el manejo de los recursos en las contiendas democráticas.
