El Gobierno colombiano salió a aclarar la polémica que estalló tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender temporalmente el envío de información y la comunicación entre los organismos de inteligencia del país y las agencias de seguridad de Estados Unidos. La decisión inicial, divulgada por el mandatario el 11 de noviembre a través de su cuenta de X, generó preocupación por el impacto que podría tener en la lucha binacional contra el narcotráfico.
En su mensaje, Petro ordenó a las autoridades de inteligencia detener el intercambio de información con agencias estadounidenses mientras continúen los ataques con misiles contra lanchas rápidas en el Caribe y el Pacífico. Según el presidente, estas operaciones ya habrían dejado más de 70 muertos, todos acusados de transportar drogas, aunque —según señaló— sin pruebas concluyentes. El jefe de Estado insistió en que la cooperación internacional no puede estar por encima de los derechos humanos ni justificar acciones letales que pongan en riesgo vidas de civiles en aguas del Caribe.
La postura generó una ola de interpretaciones sobre un eventual rompimiento de la cooperación antidrogas, lo que llevó a varios miembros del Gobierno a suavizar el mensaje. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las palabras del mandatario fueron mal interpretadas y que Colombia no se apartará de la colaboración histórica con agencias como el FBI, DEA y HSI. En un mensaje en X, el funcionario afirmó que estas entidades continuarán trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional, la Dijín, la Dipol y el CTI, como lo han hecho durante la administración actual.
Horas antes de ese pronunciamiento, el propio presidente Petro había matizado su postura. En una nueva publicación, aclaró que la suspensión no sería absoluta, sino condicionada a garantizar que cualquier información compartida sea usada para operaciones que no vulneren derechos fundamentales ni pongan vidas en riesgo. Aseguró que se utilizará toda comunicación que derive en incautaciones y capturas dentro del marco del derecho internacional y con plena protección de la vida.
La rectificación evidencia un intento del Gobierno por desescalar la tensión diplomática que produjo el anuncio inicial, especialmente en un momento en el que la cooperación en seguridad es clave para ambos países. Aun así, el presidente mantiene su postura crítica frente a las operaciones estadounidenses que —según denunció— han provocado muertes sin debido proceso y sin claridad sobre la participación de los occisos en actividades criminales.
El episodio se suma a un clima de debate sobre la estrategia contra el narcotráfico y la necesidad de replantear métodos que históricamente han sido cuestionados por su efectividad y por sus consecuencias humanitarias. Por ahora, Colombia continúa enviando mensajes de continuidad en la alianza con Estados Unidos, mientras el presidente insiste en que toda cooperación debe regirse por el respeto estricto a los derechos humanos.
