La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el martes 21 de octubre de 2025 una proposición que declara al Cártel de los Soles como una “organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo”, y al mismo tiempo insta al Gobierno nacional a solicitar apoyo internacional, en particular de Estados Unidos, para su persecución.
La iniciativa fue presentada por congresistas de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, quienes argumentan que el Cártel opera desde Venezuela bajo la protección de altos mandos del régimen de Nicolás Maduro, y mantiene vinculación con grupos armados ilegales en Colombia como el ELN y las disidencias del FARC.
El texto aprobado señala que la estructura criminal representa “una de las principales amenazas para la seguridad nacional, la estabilidad de la región y los derechos fundamentales de los colombianos”. Además, el documento menciona que declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista permitirá activar mecanismos de cooperación internacional, solicitar apoyo de países aliados como Estados Unidos e Israel, reforzar la seguridad fronteriza y proteger comunidades vulnerables en zonas limítrofes.
En la exposición de motivos, los congresistas solicitan al Gobierno que reconozca oficialmente al Cártel como amenaza transnacional, y que despliegue las medidas diplomáticas, jurídicas y de seguridad necesarias para su combate. El llamado a Estados Unidos se enmarca en la necesidad de intercambio de inteligencia, congelamiento de activos, coordinación en operaciones de incautación y refuerzo de la estrategia antinarcóticos en el Caribe y la frontera colombo-venezolana.
La relevancia de esta decisión legislativa radica en su naturaleza simbólica y operativa. Por un lado, envía una señal política clara de alineamiento internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Por otro, abre la puerta a posibles acciones prácticas de cooperación exterior que complementen los esfuerzos nacionales. Sin embargo, la proposición no fija medidas ejecutivas concretas ni establece plazos específicos de implementación, lo que deja en manos del Ejecutivo su desarrollo operativo.
Este pronunciamiento ocurre en un contexto de escalada regional en el que varios países latinoamericanos han calificado al Cártel de los Soles como grupo terrorista o financiador del terrorismo, y en el que Estados Unidos ya lo había designado previamente como organización terrorista mediante sanciones y restricciones financieras.
Para Colombia, la decisión también pone foco en las comunidades fronterizas con Venezuela, las cuales —según el texto de la proposición— se han convertido en víctimas de extorsión, desplazamientos forzados y violencia por la presencia de redes criminales que operan con impunidad.
