Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Salvo porque desde antaño la Iglesia hizo y educó a Colombia en la hipocresía, no veo razón para que, en pleno 2025, en este país se siga debatiendo si el presidente de la República está violando la ley porque anda interviniendo públicamente en política.
El manto de la hipocresía ha cubierto a los presidentes desde 1886, cuando se aprobó por primera vez el cumplimiento estricto de la norma que prohíbe a los funcionarios públicos —del presidente para abajo— intervenir en las campañas políticas y, en especial, hacer expresos sus sentimientos de simpatía o repudio por quienes aspiren a ser elegidos.
Por estos días, a los opositores de Petro solo les falta clamar venganza al cielo porque el primer mandatario, acostumbrado a interpretar la ley de acuerdo con la realidad que él ideológicamente ve, anda proponiendo otra vez asambleas constituyentes o enviando mensajes públicos en redes, indicándoles a sus partidarios políticos los procedimientos para evitar caer en divisiones estériles o en los errores repetidos a lo largo de la historia dentro de la izquierda.
Por un lado y por el otro le piden al Procurador que se ajuste a la ley y proceda como Aramburu lo hizo contra Carlos Lleras por salirse del cumplimiento estricto de la hipócrita norma de la no intervención en política.
Por supuesto, Petro no va a obedecer ni a esa ley ni mucho menos a los dictámenes del Procurador, convencido de que, si de alguna manera sus antecesores la han burlado, él también puede hacerlo.
Pero como aquí tenemos todavía un código electoral de cuando existían los partidos políticos —y ahora quienes escogen, patrocinan y seleccionan los candidatos son los contratistas—, la batalla es igual de hipócrita, porque los candidatos se disfrazan de miembros de partidos inexistentes, aumentando el desfase.
Entretanto, calladitos, jueces y magistrados esperan su cosecha para dirimir quiénes, por ir de un garaje al otro disfrazándose, caen en la trampa hipócrita redomada de acusarlos de doble militancia.
