La situación judicial de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se complica con la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía ante los jueces de Barranquilla. El ente acusador lo señala de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con cinco convenios suscritos por la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, por más de 3.000 millones de pesos. Estos acuerdos, destinados a centros de vida móviles para adultos mayores y programas para estudiantes con discapacidad, nunca cumplieron su propósito, pues, según la Fiscalía, los servicios no se prestaron y los recursos no llegaron a los beneficiarios. La investigación señala que cuatro contratos fueron adjudicados directamente a Fucoso y el restante a la Unión Temporal Conciencia Incluyente, entidad que comparte dirección con la fundación, lo que refuerza las sospechas de un manejo irregular de los fondos.
El caso se suma a la pesquisa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que ya enfrenta el exdiputado. Según la fiscal Lucy Laborde, las nuevas pruebas incluyen conversaciones y audios que evidenciarían un esquema de lavado a través de fundaciones y empresas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Entre las personas que habrían aportado recursos están Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo, personajes ajenos al rol de Petro como diputado. El fiscal Mario Burgos sostuvo en enero de 2024 que esos ingresos “no provenían de su actividad económica legítima”, sino de enriquecimiento ilícito. En total, Fucoso obtuvo tres contratos con la Gobernación por 2.272 millones de pesos entre 2017 y 2022, algunos vinculados a programas cardioprotegidos y otros a centros de vida móviles.
Medios como El Olfato y Semana subrayan que esta es la segunda investigación formal contra Nicolás Petro. La imputación actual incluiría la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, con lo que los procesos en su contra ascenderían a dos. La Fiscalía ha explicado que los contratos bajo sospecha fueron adjudicados sin licitación y con sobrecostos, y que existen indicios de que los salarios reportados eran superiores a los realmente pagados. El ente de control también indicó que parte del dinero se habría utilizado para financiar un estilo de vida lujoso, que incluía la compra de una casa en Tubará (Atlántico), joyas y procedimientos estéticos.
La defensa de Petro Burgos rechaza las acusaciones y afirma que su cliente no se benefició económicamente, sino que resultó endeudado por su condición de fiador de la fundación. Alejandro Carranza, abogado del hijo del mandatario, ha señalado que la fiscalía está manipulando evidencias y que el proceso estaría contaminado por motivaciones políticas. Incluso cuestionó a la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien publicó en redes sociales el documento judicial que detalla las nuevas imputaciones y alertó sobre una posible fuga del implicado, insinuando un uso político del caso. La Fiscalía, por su parte, sostiene que las pruebas recaudadas —entre ellas testimonios, registros contables y peritajes— permiten inferir la participación de Petro en irregularidades contractuales y en la legitimación de recursos de origen ilícito.
El fiscal Mario Burgos había adelantado hace más de un año que se presentarían nuevas imputaciones contra Nicolás Petro, lo que ahora se concreta con esta solicitud de audiencia preliminar. De ser aceptada por un juez, la medida podría llevar al hijo del presidente a enfrentar la justicia en condición de detenido preventivo, mientras avanza el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso ha generado un intenso debate político y mediático en Colombia, pues coincide con otras controversias que involucran a la familia presidencial y ocurre en un contexto de polarización creciente. Para el Gobierno, se trata de un proceso independiente de la gestión de Gustavo Petro; para la oposición, es un nuevo ejemplo de corrupción que debe ser sancionado con severidad.
