En medio de una tensión creciente en el Caribe, el presidente Gustavo Petro ha reafirmado su rechazo a una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una amenaza para toda América Latina. Esta postura refuerza los argumentos de otros líderes regionales en contra de acciones extranjeras que afecten la soberanía nacional.
Petro sostuvo que una invasión estadounidense convertiría a Venezuela en una situación análoga a la vivida en Siria, con “asesinos de masas” apoderándose de territorios, lo cual podría degenerar en una crisis humanitaria y de seguridad que impactaría también a Colombia. Agregó que dicho escenario no resolvería los problemas de Washington, sino que sumiría a la región en conflictos devastadores.
Desde la Cancillería colombiana, la ministra Rosa Yolanda Villavicencio también condenó cualquier intervención militar externa. En declaraciones en el marco de la CELAC, señaló que “ningún gobierno latinoamericano que se respete debe solicitar ni celebrar una invasión extranjera” y enfatizó que “los problemas de los latinoamericanos y caribeños los resolvemos los latinoamericanos y caribeños”, defendiendo la no intervención y el multilateralismo.
El tono del discurso de Petro fue firme y directo en su mensaje en redes sociales: ninguna nación de la “patria grande de Bolívar” —ni Panamá, Ecuador, Colombia o Venezuela— debe someterse servilmente a una potencia extranjera. Instó a coordinar la política antidrogas en términos de igualdad, no de sumisión. Este llamado se produce en un contexto donde Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico —medida que Caracas ha rechazado como amenaza directa.
En paralelo, Petro ordenó reforzar la presencia militar en la frontera con Venezuela, especialmente en el Catatumbo, como una medida preventiva ante la escalada regional. Este refuerzo, que supera los 25.000 soldados, busca coordinar esfuerzos ante posibles riesgos transfronterizos derivados de la situación venezolana.
La reacción conservadora desde Washington, liderada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, promueve una política exterior dura, con potenciales sanciones y presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro. En ese escenario, Petro ha mantenido una línea diplomática crítica hacia la narrativa estadounidense, rechazando categóricamente cualquier fórmula militar como salida a la crisis venezolana.
