Este jueves 21 de agosto de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la comunidad internacional declarar como organizaciones terroristas a la “Junta del Narcotráfico” y a sus grupos armados aliados: las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, luego de los ataques ocurridos en Amalfi (Antioquia) y Cali.
En Amalfi, un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron durante un operativo antinarcóticos, dejando muertos al menos ocho oficiales y varios heridos. Horas después, en Cali, explotó un camión bomba cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, causando entre cinco y seis víctimas fatales y decenas de heridos.
Durante un acto en Valledupar, donde lideraba la entrega de 6.805 hectáreas de tierras a más de 800 familias campesinas y la distribución de activos productivos valorados en más de 18.800 millones de pesos a 1.500 productores del Cesar y La Guajira, el presidente calificó estos ataques como “terrorismo” y “crimen de guerra o lesa humanidad”, y emitió un minuto de silencio en honor a las víctimas.
Petro sostuvo que estas facciones armadas operan bajo el control de una estructura criminal internacional autodenominada “Junta del Narcotráfico”, que habría aglutinado a bandas como el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y disidencias de Iván Mordisco, supuestamente heredera del Bloque Capital del paramilitarismo. Por ello, pidió que sean perseguidas “en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”.
El jefe de Estado anunció que el Ejecutivo pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado abrir procesos judiciales basados en el Estatuto de Roma por delitos contra la humanidad y que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) investigaciones formales contra los líderes de estas estructuras armadas.
Expertos y políticos han reaccionado al anuncio. Por ejemplo, la gobernadora del Valle del Cauca exhortó a no ceder ante el “terrorismo”, mientras que el expresidente Iván Duque y el precandidato Sergio Fajardo condenaron los ataques, criticaron la implementación de la política de “paz total” y demandaron una respuesta estatal firme frente a la violencia.
La solicitud de declarar estas organizaciones como terroristas ocurre en un contexto de creciente violencia en Colombia, con grupos armados ilegales reviviendo su ofensiva. El atentado de Cali se suma a una serie de ataques recientes contra la población civil y las fuerzas del Estado, evidenciando una escalada del conflicto interno posacuerdo de paz.
