Una fuerte controversia política y judicial ha desatado la petición formal firmada por 31 congresistas de la bancada de gobierno, quienes solicitaron la libertad inmediata de 11 personas capturadas y judicializadas por presuntos actos de terrorismo y vandalismo al interior de la Universidad Nacional. La misiva, respaldada por figuras como el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, así como por Isabel Zuleta y Clara López, argumenta que los detenidos son víctimas de una persecución sistemática y estigmatización por parte de los organismos de seguridad del Estado.
El documento, remitido a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República, califica las detenciones como un ataque al derecho a la protesta social. Los legisladores firmantes, integrantes en su mayoría del Pacto Histórico, sostienen que los jóvenes procesados no son delincuentes, sino líderes estudiantiles que ejercían su derecho a la manifestación. En su comunicación, exigen garantías procesales y el cese de lo que denominan «montajes judiciales» orientados a criminalizar al movimiento universitario en Bogotá.
Sin embargo, la solicitud choca frontalmente con el acervo probatorio presentado por el ente acusador durante las audiencias de legalización de captura. Según la investigación, los 11 implicados habrían participado activamente en los violentos disturbios que incluyeron el uso de artefactos explosivos improvisados, papas bomba y el lanzamiento de objetos contundentes contra la Fuerza Pública. Entre los detenidos figura Brian Stiven Valderrama, alias ‘Garu’, quien resultó gravemente herido tras la detonación accidental de un explosivo que manipulaba dentro del campus, hecho que fue documentado en video.
La Fiscalía imputó a los capturados delitos graves como terrorismo, tenencia y fabricación de sustancias peligrosas y violencia contra servidor público. El ente investigador reveló evidencias que vincularían a este grupo con células urbanas organizadas, ajenas a la actividad académica, cuyo propósito sería la desestabilización del orden público mediante acciones violentas coordinadas. A pesar de la gravedad de los cargos, los congresistas insisten en que se trata de un exceso de autoridad y solicitan que los procesados enfrenten el juicio en libertad o sean declarados gestores de paz.
Sectores de la oposición y exfuncionarios judiciales han reaccionado con indignación ante la carta, calificándola como una intromisión indebida del poder legislativo en las decisiones de la rama judicial. Críticos señalan que la petición envía un mensaje de impunidad y desprotección a la ciudadanía, al intentar blindar políticamente a individuos sorprendidos en flagrancia cometiendo actos delictivos. Advierten que esta presión sobre los jueces podría vulnerar la independencia judicial y sentar un peligroso precedente frente al combate de la violencia urbana.
El caso mantiene en tensión el ambiente político de cara a la temporada electoral, poniendo nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites de la protesta social y la respuesta del Estado frente al vandalismo. Mientras los congresistas de izquierda defienden la naturaleza política de las movilizaciones, las autoridades judiciales y de policía defienden la solidez de las capturas, asegurando que existen pruebas técnicas contundentes que demuestran la responsabilidad penal de los 11 encapuchados en los hechos de terrorismo que sembraron el caos en la capital.
