El congresista electo Wadith Manzur solicitó formalmente autorización para posesionarse como senador de la República el próximo 20 de julio, pese a encontrarse privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de un creciente debate jurídico sobre el alcance de los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular que enfrentan procesos penales sin condena en firme.
Manzur, quien obtuvo una curul en el Senado tras lograr más de 129.000 votos en las elecciones legislativas de marzo de 2026, permanece detenido por orden del alto tribunal, que lo investiga por presuntos delitos relacionados con soborno y cohecho en contratos públicos vinculados a la UNGRD.
A través de su defensa, el dirigente político solicitó que se le permita asistir al Congreso para cumplir con el acto constitucional de posesión, incluso bajo estrictas medidas de custodia. El argumento central se basa en que no existe una condena definitiva en su contra, por lo que, según su interpretación, deben prevalecer sus derechos políticos y la presunción de inocencia.
El caso ha sido trasladado también al Congreso de la República, luego de que la Corte solicitara un pronunciamiento sobre la viabilidad de la posesión en estas condiciones. La discusión involucra aspectos constitucionales clave, como la compatibilidad entre una medida de aseguramiento privativa de la libertad y el ejercicio de funciones legislativas.
La controversia se da en el contexto del escándalo de corrupción de la UNGRD, considerado uno de los más graves del actual panorama político colombiano, que ha involucrado a varios congresistas y altos funcionarios señalados de direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos.
Además, el caso de Manzur no es aislado. Otras figuras políticas en situaciones judiciales similares han intentado ejercer cargos de elección popular, lo que ha generado un debate recurrente sobre los límites entre la justicia penal y los derechos derivados del voto ciudadano.
La decisión que adopten la Corte Suprema y el Congreso podría sentar un precedente relevante sobre la interpretación de los derechos políticos en Colombia, especialmente en escenarios donde los funcionarios electos enfrentan procesos judiciales en curso sin sentencia definitiva.
