Venezuela rechaza de “forma categórica” sanción del EE.UU. a Petro y llama a América Latina a responder

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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que rechaza de forma categórica la reciente designación por parte de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de los Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y otros funcionarios del Gobierno de Colombia. El texto considera que tales medidas responden a una acción “ilegal, ilegítima y de carácter neocolonial” que vulnera el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela argumenta que estas medidas coercitivas unilaterales constituyen mecanismos de agresión y presión política, vetados por el sistema multilateral, y denuncia que buscan criminalizar al presidente Petro como parte de una estrategia de “desestabilización interna en Colombia” e injerencia en los Estados independientes de la región.

En la segunda parte del comunicado, el gobierno venezolano afirma que el presidente Petro es el único mandatario colombiano que habría enfrentado de manera directa al narcotráfico y a redes políticas vinculadas con mafias, incluidos “centros de poder en los Estados Unidos”, lo que, según la nota, evidencia el carácter “retaliatorio y extorsivo” de estas designaciones.

El comunicado concluye convocando a los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía y dignidad de la región frente a toda forma de injerencia. La fecha de la publicación corresponde al 24 de octubre de 2025.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que Estados Unidos incluyó al presidente Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior en su lista de sancionados por la OFAC, lo cual genera implicaciones en materia de relaciones financieras internacionales, cooperación antinarcóticos y sanciones secundarias para entidades vinculadas.

La reacción de Venezuela se enmarca dentro de un patrón de respuestas diplomáticas de gobiernos latinoamericanos que cuestionan el uso de sanciones unilaterales por Washington, argumentando que socavan la autonomía de los países de la región y afectan las relaciones de cooperación multilateral.

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