El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la medida cautelar provisional requerida por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, destinada a suspender la orden de captura y permitir su libertad condicional mientras se tramita la apelación contra la condena de doce años de prisión domiciliaria. La decisión implica que, por ahora, la sentencia original y la detención en su residencia siguen vigentes.
Dicha condena fue impuesta el 1° de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, acusando a Uribe de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque la fiscalía pedía la ejecución inmediata, la jueza Sandra Heredia autorizó el cumplimiento bajo arresto domiciliario en el municipio de Rionegro (Antioquia), por su edad y la posibilidad de evitar afectaciones a terceros.
La defensa del exmandatario sustentó la tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la dignidad humana y la libertad mientras se resuelve la apelación. Sostuvieron que mantener a Uribe privado de libertad antes de decisión en segunda instancia resulta desproporcionado e injustificado.
Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que no se acreditaron los criterios de urgencia, necesidad e impostergabilidad exigidos por la jurisprudencia para conceder medidas provisionales. Según la providencia firmada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, no hay evidencia clara de un acto jurídico arbitrario que amerite suspender la captura, al menos hasta que se juzgue la tutela con contradicción completa.
La resolución aclara que esta negativa no prejuzga el resultado final de la tutela. Aunque por reparto correspondió al magistrado Ramiro Riaño, quien es el ponente natural del caso, su ausencia motivó que Rogeles firmara la decisión, y el estudio continuará una vez Riaño retorne a sus labores en el Tribunal Superior.
El caso representa un giro histórico: es la primera vez que un expresidente colombiano recibe una condena penal y enfrenta prisión domiciliaria por manipulación de testigos. Además, sectores cercanos a Uribe han anunciado movilizaciones el 7 de agosto de 2025 y denuncian persecución política. Mientras tanto, el proceso de aplicación del derecho de tutela y la apelación judicial siguen en curso, consolidando un choque entre estrategia legal y legitimación pública que sacude la institucionalidad.
