El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien hacía parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, tras determinar el vencimiento de términos en el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se produjo luego de que la defensa del exfuncionario solicitara su libertad argumentando que la Fiscalía General de la Nación no presentó el escrito de acusación dentro del plazo legal establecido. De acuerdo con la normativa vigente, el ente acusador contaba con un término definido para avanzar en la etapa procesal, el cual se cumplió sin que se formalizara la acusación en tiempo oportuno.
Ricardo Bonilla permanecía privado de la libertad desde finales de 2025, cuando fue imputado por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría direccionado contratos públicos en la UNGRD a cambio de beneficios políticos. Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Durante la audiencia, se conoció que la Fiscalía radicó el escrito de acusación el mismo día en que se llevaba a cabo la diligencia judicial, situación que fue considerada extemporánea por el Tribunal, al ya haberse cumplido el término legal. Este hecho resultó determinante para que se concediera la libertad del exministro.
Pese a recuperar su libertad, Bonilla continuará vinculado al proceso penal, que sigue su curso en la justicia colombiana. La medida adoptada no implica una absolución ni el cierre del caso, sino una garantía procesal derivada del incumplimiento de los tiempos establecidos por la ley.
El caso UNGRD se ha consolidado como uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país, al involucrar a altos funcionarios y presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. La decisión judicial reaviva el debate sobre la gestión de la Fiscalía y los desafíos del sistema judicial frente a procesos de alto impacto nacional.
