Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Si queríamos una confirmación de que el gobierno Petro le amarró las manos a las Fuerzas Armadas, y acaso quisiera acabarlas, la tuvimos ayer al enterarnos, por Caracol, de que el Hércules C-130H, matriculado como el 1016 FAC, no estaba asegurado.
Para la burocracia colombiana, o para los contratistas que manejan al Estado en todos sus órdenes, el asunto puede haber sonado como un hecho menor. El gobierno Petro no tenía plata en caja para asegurarlo y será al Estado —perdón, a todos los colombianos que pagamos impuestos— a quien corresponderá no solo reemplazar a todo costo el avión accidentado, sino compensar la vida de los 69 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, cualquiera que resulte siendo, después de la investigación, la causa del estrellón en Puerto Leguízamo.
Si es cierto o no lo que afirmaron ayer, sobre que el avión no estaba asegurado porque el déficit de 258 mil millones de la aviación militar es y ha seguido siendo provocado por la ideología que lleva al gobernante a saltarse las normas, desde la Constitución hasta el permiso de vuelo para un avión militar de transporte, estaríamos en el inicio de un juicio de responsabilidades.
Pero, como estamos en Colombia, el presidente y el ministro de Hacienda dirán que la culpa es del Congreso que no les aprobó la reforma tributaria. Y como el Contralor General de la República se cansó de advertir, cual perro sin dientes, hasta dónde nos ha ido llevando el gobernante.
Pero, sobre todo, porque los colombianos nos hemos acostumbrado a tantas cosas, nadie va a pensar en lo doloroso que la negligencia gubernamental será para esas 69 familias de los militares muertos, sino que, como mucho, dirán que Petro y su tribu de zurdos han hecho tantas estupideces que bien les cabe que, tras de llamarlos gordos, inoperantes y pésimos gobernantes, los deseen ver hinchados de soberbia hasta el punto de reventarse el 31 de mayo.
