La Superintendencia de Transporte confirmó este martes las primeras decisiones administrativas tras la investigación por el siniestro vial ocurrido el pasado 14 de diciembre en la vía entre Segovia y Remedios, Antioquia. El accidente, que cobró la vida de 17 personas —entre ellas 16 recién graduados del Liceo Antioqueño y el conductor—, ha derivado en sanciones inmediatas contra la empresa operadora y el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) encargado de certificar el vehículo.
Según el informe oficial, la Supertransporte ordenó la suspensión preventiva por seis meses de la habilitación de la empresa de transporte especial Precoltur, propietaria del bus de placas SON847. De igual forma, se impuso una medida similar contra el CDA Comercializadora Servisuper Ltda, al cual se le desconectará del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), impidiéndole expedir nuevas revisiones técnico-mecánicas.
Las investigaciones preliminares revelaron una cadena de negligencias críticas en la inspección del automotor. La autoridad de control halló que el certificado de revisión técnico-mecánica fue expedido a pesar de «graves inconsistencias». Entre los hallazgos técnicos se destacan falencias en la medición del labrado de las llantas, lo que implica que el vehículo rodaba con neumáticos sin la adherencia mínima requerida para transitar, especialmente en terrenos complejos como los del nordeste antioqueño.
El reporte detalla una ausencia total de inspección sensorial en componentes vitales de seguridad. No se realizaron las revisiones obligatorias al sistema de luces, la carrocería exterior, ni a los elementos internos como la fijación de las sillas, el estado de los cinturones de seguridad y la operatividad de las salidas de emergencia. Además, el bus presentaba deficiencias visibles en la señalización y en los elementos de seguridad reflectiva, incumpliendo la normativa vigente.
Estas medidas buscan sentar un precedente sobre la responsabilidad de los actores viales y los organismos de certificación en el país. Mientras avanzan los procesos sancionatorios, las familias de las víctimas y los sobrevivientes exigen que las fallas mecánicas y la presunta alteración de documentos sean tratadas con todo el peso de la ley penal, considerando que estas omisiones fueron determinantes en la magnitud de la tragedia que enlutó al departamento de Antioquia.
