El Consejo de Estado analiza una solicitud presentada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el sindicato Sinsergen Mindefensa para investigar al senador Miguel Uribe Turbay por presunta pérdida de investidura, aludiendo a actos de proselitismo realizados el sábado 7 de junio, antes del inicio oficial de la campaña electoral. Según el escrito, Uribe Turbay participó en reuniones públicas y difundió publicaciones en redes sociales con el propósito de promover su aspiración a un cargo distinto al que ocupa, lo cual, según los demandantes, contraviene la normativa electoral vigente.
La demanda, actualmente en fase de admisión y asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, argumenta que el congresista, como servidor público en ejercicio, habría incurrido en las causales de pérdida de investidura contempladas en los artículos 180 y 183 de la Constitución, por aprovechar su posición institucional para obtener ventajas indebidas y vulnerar los principios de imparcialidad, moralidad e igualdad en la competencia electoral.
Este proceso judicial ocurre en un momento delicado, ya que Uribe Turbay se recupera de un atentado sufrido el 7 de junio, por el cual permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Aunque la acusación no cuestiona el atentado, que lo mantiene con pronóstico reservado, sí sostiene que las supuestas actividades políticas previas al hecho generaron un entorno de riesgo y habrían motivado el ataque.
La demanda ha generado críticas en el Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe Turbay, que la calificó como “oportunista”, considerando inapropiado intentar retirarle la investidura mientras se encuentra en cuidados intensivos. Advierten además que estas acciones judiciales oportunistas podrían distraer la atención de la investigación sobre el atentado contra el senador.
El desarrollo de este trámite ante el Consejo de Estado definirá si la acción avanza hacia un fallo que podría retirar a Uribe Turbay de su curul, o si, por el contrario, se archiva por carecer de mérito. Este caso plantea un dilema institucional en Colombia: cómo equilibrar la rigurosidad en el cumplimiento de la ley electoral frente a situaciones excepcionales como un atentado político y un contexto de polarización.
El país observa con atención los próximos pasos del Consejo de Estado y las opiniones de los sectores políticos, que definirán si el proceso trasciende el plano legal para convertirse en un precedente sobre los límites de la actividad política de servidores públicos en tiempos de crisis.
