La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sentenció recientemente a siete exlíderes del secretariado de las antiguas FARC, incluidas figuras con curul en el Senado, por crímenes relacionados con el secuestro masivo.
Estos exguerrilleros deberán cumplir ocho años de sanciones restaurativas, entre ellas trabajos de reparación a víctimas, desminado y búsqueda de desaparecidos.
Aunque la sentencia no les impide participar en política, su situación parlamentaria está condicionada. Según un decreto del gobierno nacional publicado en julio de 2025, que eliminó el parágrafo transitorio del decreto 1066 de 2015, ya no hay curules aseguradas para Comunes; por ende, los actuales senadores exFARC sólo conservarán sus escaños si son reelegidos en 2026.
El partido Comunes, heredero político del Acuerdo de Paz de 2016, debe además alcanzar al menos el 3 % de los votos válidos en las próximas elecciones para mantener su personería jurídica.
Los senadores Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo pertenecen al grupo sancionado. Ambos podrían volver a aspirar a una curul, pero su continuidad parlamentaria dependerá exclusivamente del apoyo electoral que consigan en 2026.
La sentencia marca un hito en la justicia transicional colombiana: es una de las primeras decisiones de fondo de la JEP contra la cúpula exFARC por secuestros sistemáticos. No obstante, el debate público se ha intensificado en torno a la severidad de las sanciones y su compatibilidad con los derechos políticos.
