El Gobierno nacional oficializó un incremento del 7% en los salarios de los funcionarios públicos para 2026, mediante la expedición de más de 20 decretos que ajustan la asignación básica mensual en todas las entidades del Estado. La medida impacta a altos cargos como ministros, directores de agencias, magistrados y funcionarios del Congreso.
Tras la actualización, los funcionarios con mayor asignación básica mensual en el país son los directores generales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuyos ingresos se ubican en un rango entre los 34 millones y los 39 millones de pesos mensuales, sin incluir primas ni bonificaciones adicionales.
En el listado de los salarios más altos también figuran los secretarios generales y directores grado 14 del Senado y la Cámara de Representantes, con asignaciones cercanas a los 34 millones de pesos. A estos se suman el superintendente de Salud, con aproximadamente 32,7 millones, y los directores de entidades como la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con sueldos que rondan los 30,1 millones mensuales.
El incremento salarial aplica sobre la asignación básica mensual, que corresponde únicamente al salario base del cargo. Sin embargo, el ingreso total de los funcionarios puede ser considerablemente mayor al sumar otros componentes como primas, bonificaciones, gastos de representación y pagos adicionales establecidos por ley.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en la política de ajuste anual del sector público, calculada con base en la inflación del año anterior más un porcentaje adicional acordado con organizaciones sindicales. Para 2026, el aumento corresponde al Índice de Precios al Consumidor de 2025 (5,1%) más 1,9 puntos porcentuales.
El ajuste salarial beneficia a más de un millón de servidores públicos en Colombia, incluyendo trabajadores de la rama judicial, docentes, personal del Congreso, funcionarios de entidades de control y empleados del sector defensa, entre otros. Además, el incremento tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que implica pagos acumulados en los primeros meses del año.
El aumento y las cifras de los salarios más altos vuelven a poner en el centro del debate público la estructura salarial del Estado y las diferencias entre los ingresos de altos funcionarios frente a otros niveles del sector público, en un contexto económico marcado por ajustes fiscales y discusiones sobre equidad en la distribución del ingreso.
