En un golpe significativo a la política de «paz total» promovida por el presidente Gustavo Petro, dieciséis exjefes paramilitares, incluidos Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’, anunciaron su renuncia colectiva al rol de gestores de paz que les había sido conferido por el Gobierno Nacional. La decisión fue comunicada a través de una carta dirigida al mandatario, en la que expresan su descontento por lo que consideran «incumplimientos reiterados» y «falta de transparencia» por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño.
Los excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaron directamente a Patiño, así como a Álvaro Jiménez y María Paz Lara, de obstaculizar los avances en el proceso de reconciliación nacional. En su misiva, denunciaron que durante ocho meses no se realizaron mesas técnicas ni se les asignaron recursos para cumplir con sus funciones, convirtiendo su designación en un gesto simbólico sin efecto práctico.
«Hay un enemigo interno en la paz total», afirmaron los exparamilitares, refiriéndose a lo que consideran una falta de compromiso real por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
A pesar de su renuncia, los exjefes paramilitares manifestaron su disposición a continuar contribuyendo al proceso de paz, solicitando un diálogo directo con el presidente Petro. «Quedamos a su disposición para continuar acompañándolo en este propósito, pues aún tiene la posibilidad en su calidad de Jefe de Estado, de pisar el acelerador y consolidar la paz», expresaron en la carta.
Esta renuncia colectiva representa un revés para la estrategia de «paz total» del Gobierno Petro, que busca integrar a diversos actores armados en un proceso de reconciliación nacional. La inclusión de figuras como Hernán Giraldo Serna, conocido por sus crímenes sexuales contra menores, ya había generado controversia y rechazo por parte de sectores políticos y sociales.
La falta de avances concretos y la cancelación de reuniones clave han minado la confianza de los excomandantes en el proceso, evidenciando tensiones internas dentro del Gobierno sobre cómo abordar el cierre del proceso de paz iniciado hace dos décadas.
El proceso de desmovilización de las AUC comenzó en 2003 con el Acuerdo de Ralito, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, muchos de los compromisos asumidos, como la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, no se han cumplido en su totalidad. El presidente Petro había manifestado su intención de «terminar ese proceso de desmovilización» y reabrir la mesa de negociación con los exparamilitares.
La renuncia de estos 16 exjefes paramilitares plantea interrogantes sobre el futuro de la política de paz del Gobierno y la viabilidad de integrar a actores armados desmovilizados en los esfuerzos de reconciliación nacional.
