El registrador nacional, Hernán Penagos, decidió este martes poner en pausa la convocatoria a la consulta popular prevista para el 7 de agosto, impulsada por el Gobierno mediante decreto, argumentando que “está en juego el orden institucional del país” y que es necesario esperar el pronunciamiento de las altas Cortes antes de proceder. Penagos, abogado con maestría en justicia constitucional y trayectoria política ligada al uribismo y al santismo, advirtió que adelantar la consulta sin respaldo legislativo ni judicial podría generar “anarquía constitucional”.
En rueda de prensa, el registrador explicó que, tras recibir el decreto 0639 sin respaldo previo del Senado y ante la lluvia de demandas presentadas, corresponde solicitar un concepto al Consejo de Estado y esperar una decisión de la Corte Constitucional antes de avanzar. Además, señaló que el tiempo restante –53 días– es claramente insuficiente para organizar logísticamente una consulta que involucraría a cerca de 42 millones de ciudadanos y costaría en torno a 750 000 millones de pesos.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión de Penagos como un error institucional, afirmando que su función es operativa y que no debería interponer trabas a un decreto constitucionalmente válido. Por su parte, el presidente Petro reconoció que respetará decisiones judiciales, pero denunció al registrador de “tomar partido” y acusó su postura de ser un acto de “sedición”.
Este choque entre Ejecutivo y Registraduría saca a la luz una tensión inédita en la separación de poderes, alimentada por la dinámica de convocar una consulta sin aval legislativo, lo cual ha dado lugar a múltiples acciones legales. Penagos insiste en que la deliberación debe darla el Poder Judicial antes que una carrera contra el reloj con graves riesgos institucionales y logísticos .
El futuro de la consulta popular depende ahora del pronunciamiento del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Sus decisiones no solo definirán la legalidad del decreto, sino también marcarán un precedente clave sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de democracia participativa. Si se permite seguir adelante sin control judicial, se podría fortalecer una práctica de “decretazos” con implicaciones profundas para el equilibrio institucional.
