Una crisis institucional sin precedentes se desató en las últimas horas luego de que 20 mandatarios departamentales anunciaran que se declararán en «rebeldía» frente a las medidas tributarias impuestas por el Gobierno Nacional bajo la reciente emergencia económica. Los gobernadores, liderados por los representantes de Antioquia, Valle y Atlántico, confirmaron que no aplicarán los decretos que modifican los impuestos al consumo de licores y cigarrillos en sus territorios y que, de manera simultánea, interpondrán acciones de tutela individuales para frenar los efectos de la normativa presidencial.
El bloque de departamentos que encabeza esta ofensiva jurídica y política incluye a Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia. Según los mandatarios, la decisión del Ejecutivo de intervenir las rentas cedidas —recursos que por Constitución pertenecen a las regiones para financiar la salud y la educación— constituye una violación flagrante a la autonomía territorial y una extralimitación de las facultades extraordinarias del presidente.
La estrategia legal de los gobernadores se fundamenta en la «excepción de inconstitucionalidad», una figura jurídica amparada en el artículo 4 de la Carta Política, que permite inaplicar una norma cuando esta contradice de manera abierta los mandatos constitucionales, mientras se espera el fallo definitivo de la Corte Constitucional. Expertos juristas señalan que, aunque es una maniobra arriesgada que podría acarrear investigaciones disciplinarias por presunto prevaricato, tiene asidero en la defensa de la descentralización administrativa y fiscal consagrada en la ley suprema.
Desde la Casa de Nariño, la respuesta no se ha hecho esperar. El Ministerio de Justicia advirtió que el incumplimiento de los decretos legislativos vigentes podría derivar en consecuencias penales y disciplinarias para los funcionarios que promuevan el desacato. Sin embargo, los líderes regionales insisten en que la tutela es el mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable a las finanzas departamentales, argumentando que centralizar estos recursos desfinanciaría programas sociales críticos en sus jurisdicciones.
