La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses del General Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, y de Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La decisión responde a la apertura de una investigación disciplinaria por sus presuntos vínculos con la estructura disidente del Estado Mayor Central de las FARC, liderada por alias ‘Calarcá’. El ente de control busca determinar si los altos funcionarios facilitaron operaciones o entregaron información reservada a dicho grupo armado ilegal.
El General Huertas ocupa una posición neurálgica dentro de la institución castrense, encargándose de la administración del recurso humano, los ascensos y los traslados del personal militar. Por su parte, Wilmar Mejía desempeña un rol clave en la inteligencia del Estado y figura también como delegado del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. La gravedad de los cargos radica en que, desde sus posiciones de poder, habrían comprometido la seguridad nacional y la integridad de las operaciones militares en zonas críticas del conflicto.
El expediente disciplinario se fundamenta en pruebas halladas en dispositivos electrónicos incautados a miembros de la estructura de alias ‘Calarcá’, así como en revelaciones periodísticas que expusieron conversaciones y documentos comprometedores. Según la investigación preliminar, existe la hipótesis de que se habrían gestionado permisos de seguridad, movimientos logísticos y hasta la creación de empresas fachada para beneficiar a las disidencias, vulnerando los protocolos de contrainteligencia del Estado.
El Ministerio Público justificó la medida cautelar de suspensión argumentando que la permanencia de ambos funcionarios en sus cargos podría obstaculizar el desarrollo de las indagaciones o permitir la reiteración de las conductas investigadas. Al ostentar cargos directivos con acceso privilegiado a bases de datos y decisiones estratégicas, su separación temporal se considera necesaria para garantizar la transparencia y la protección de la evidencia recolectada hasta el momento.
Esta determinación se produce en medio de un tenso ambiente político, donde sectores de la oposición han denunciado reiteradamente la supuesta infiltración de grupos criminales en la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia. Aunque el Gobierno Nacional ha manifestado dudas sobre la veracidad de algunos de los archivos filtrados, la Procuraduría ha validado la credibilidad inicial de los indicios para proceder con la medida disciplinaria, marcando un precedente significativo en el control a la fuerza pública durante la actual administración.
La defensa de los implicados y el desarrollo del proceso disciplinario determinarán si la suspensión se prorroga o si se formulan pliegos de cargos definitivos. Mientras tanto, las instituciones afectadas deberán nombrar reemplazos temporales para asegurar la continuidad operativa en la jefatura de personal del Ejército y en la dirección de inteligencia estratégica, intentando mitigar el impacto institucional de este escándalo.
