Un contundente informe presentado este viernes por la Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas sobre el estado crítico del sistema de salud en Colombia. El documento, revelado por el Ministerio Público, concluye que las intervenciones forzosas administrativas ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han logrado estabilizar el aseguramiento; por el contrario, han profundizado el deterioro en el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de las entidades promotoras de salud (EPS).
El análisis del ente de control expone un panorama preocupante respaldado por cifras de 2024 y proyecciones de 2025. Según el reporte, las quejas de los pacientes aumentaron un 23 % en el último año, alcanzando la cifra récord de 1,6 millones de reclamaciones. Más alarmante aún es el incremento de las acciones de tutela, que registraron un alza del 188 % en comparación con 2021, sumando más de 265.000 recursos legales interpuestos por ciudadanos desesperados por recibir atención médica.
El informe detalla casos específicos que evidencian la ineficacia de las medidas de intervención actuales. En la Nueva EPS, la entidad más grande del país, los costos de prestación de servicios se dispararon, pasando de representar el 95,6 % de los ingresos en 2022 al 121 % en 2023, lo que ha generado un déficit patrimonial proyectado de 4,4 billones de pesos para el cierre de 2024. Las proyecciones para esta sola entidad estiman más de 131.000 tutelas y 33.000 incidentes de desacato para el año en curso, lo que refleja una pérdida significativa de su capacidad operativa.
Otro caso crítico señalado es el de Coosalud EPS, donde la siniestralidad —la relación entre los ingresos y el gasto en salud— aumentó drásticamente del 94 % al 115 % en el periodo analizado. Esto implica que la entidad gasta hoy 115 pesos por cada 100 que recibe del sistema, una ecuación financiera insostenible que ha derivado en pérdidas superiores al billón de pesos y un aumento de pasivos del 245 %. La Procuraduría identifica la falta de acceso a medicamentos como el principal detonante de este colapso administrativo y judicial.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio Público anunció la apertura de más de 20 investigaciones disciplinarias contra funcionarios responsables de la inspección, vigilancia y control del sistema. Las indagaciones buscan establecer responsabilidades por omisiones en la regulación, barreras de acceso injustificadas, presunta corrupción y desabastecimiento de fármacos esenciales. También se verifican denuncias sobre posibles irregularidades como la facturación de servicios a usuarios fallecidos.
