Procuraduría destituye e inhabilita por 14 años a exsecretario de Medellín por presionar a empleados a financiar movimiento político

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La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 14 años a Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. La sanción se debe a que, según el ente de control, Ramírez utilizó su cargo para presionar a empleados públicos a realizar aportes económicos al movimiento político Independientes.

La investigación reveló que el 8 de agosto de 2021, Ramírez convocó a varios funcionarios a una reunión privada donde se les solicitó contribuir con sumas entre 300.000 y un millón de pesos a través de la corporación «El futuro se parece a nosotros», asociada al movimiento político de Quintero.

Además de Ramírez, la Procuraduría también sancionó a Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y a Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes, con destitución e inhabilitación por 12 años cada uno.

Esta decisión de primera instancia aún puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.

Juan Pablo Ramírez, abogado de la Fundación Universitaria Luis Amigó y especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín, ha sido una figura cercana a Daniel Quintero, desempeñándose en diversos cargos dentro de la Alcaldía de Medellín, incluyendo secretario de Participación Ciudadana, secretario de Inclusión Social y secretario de Gobierno.

En abril de 2024, Ramírez fue nombrado Subdirector de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

La Procuraduría señaló que Ramírez «se valió de su mando y el rol que tenía en la alcaldía para ejercer una fuerza orientada a conseguir de los servidores asistentes no solo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la Corporación o Fundación El futuro se parece a nosotros».

La sanción impuesta a Ramírez y a los otros exfuncionarios refleja el compromiso de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de cargos públicos para fines políticos.

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